El PP andaluz ha presentado un escrito ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en el que solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ignoren las sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las condenas de diez personas implicadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía. El partido advierte que estas decisiones judiciales promueven la impunidad en la lucha contra la corrupción.

En respuesta a la petición presentada por Manos Limpias, el PP andaluz ha presentado nuevos argumentos para plantear ante el TJUE una consulta sobre la compatibilidad de las sentencias del Tribunal Constitucional con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que insta a los estados miembros a combatir el fraude. El Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas de diez exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por prevaricación y malversación en relación con los casos de financiación de los ERE fraudulentos y ayuda a empresas.

Tras la anulación de las condenas, el Constitucional ordenó a la Sección Primera de la Audiencia emitir nuevas sentencias teniendo en cuenta los fundamentos incorporados por el tribunal al caso. El PP critica que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo, al desestimar los recursos de casación, interpretaron de manera incorrecta los elementos típicos del delito, vulnerando así el derecho a la legalidad penal garantizado por la Constitución Española.

El partido conservador plantea la inaplicación de las sentencias del Constitucional que considera que legitiman acciones ilícitas y generan impunidad en la lucha contra la corrupción. El PP cuestiona la independencia del Tribunal Constitucional y la interpretación que este ha dado a las normas legales autonómicas, que, según el PP, están en contraposición con el Derecho de la Unión.

En este sentido, el PP argumenta que las sentencias anulatorias del TC permiten la impunidad de los exdirigentes socialistas implicados en el caso de corrupción política y solicita al TJUE que se pronuncie sobre la interpretación de las leyes de presupuesto de Andalucía entre 2002 y 2009. El partido considera que la doctrina defendida por el Tribunal Constitucional no cumple con las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción y es incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El PP andaluz plantea múltiples cuestiones al TJUE, solicitando la suspensión de la emisión de nuevas sentencias mientras se resuelven las preocupaciones planteadas. La lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo de fondos públicos son los principales argumentos del partido en esta batalla legal contra las decisiones del Tribunal Constitucional en relación con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.