SEVILLA, 15 de julio. En un movimiento significativo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha optado por extender hasta mediados de septiembre los contratos vigentes con clínicas privadas, una decisión que se enmarca dentro de la normativa de la Ley de Contratos de Servicios Públicos (LCSP). Esta prórroga, que implica una inversión de 240 millones de euros, busca asegurar la atención médica durante los meses de verano mientras se espera la formalización de nuevos contratos basados en un acuerdo marco previamente establecid.

Fuentes del SAS confirmaron esta información a Europa Press, luego de que El Correo de Andalucía diera a conocer el tema. A pesar de los intentos por adelantar la adjudicación de los nuevos contratos antes de la finalización de los actuales, el propio diseño del proceso y sus requerimientos legales han dificultado esta posibilidad, tal como señalaron desde el SAS.

La Consejería de Salud y Consumo, liderada por Rocío Hernández, ha revelado que la Junta de Andalucía está a la espera de los fallos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja) ante las impugnaciones presentadas por algunas empresas que participaron en la licitación. En este contexto, la administración sanitaria trabaja en colaboración con las direcciones provinciales para asegurar la continuidad de los contratos hasta la nueva adjudicación, garantizando así la asistencia necesaria durante el periodo estival.

De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 29.4 de la LCSP, es posible prorrogar contratos vigentes cuando no se ha formalizado uno nuevo que asegure la continuidad del servicio, dada la aparición de obstáculos imprevistos, como es el caso de los recursos ante el Tarcja. En casos donde hay un interés público evidente para evitar cualquier interrupción en la atención, esta prórroga está justificada, dado que se han cumplido todas las condiciones requeridas, incluyendo la publicación del anuncio del nuevo contrato con tres meses de antelación.