El Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, situado en Sevilla, ha decidido abrir diligencias previas tras la querella presentada por el partido Vox. Esta acción legal se dirige contra el exalcalde socialista de la ciudad, Francisco Toscano, quien estuvo al mando de la localidad desde 1983 hasta 2022, y contra Francisco Salazar, otro miembro del PSOE que recientemente optó por renunciar a su posible nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización del partido, así como a su puesto de asesor del presidente Pedro Sánchez. La decisión de Salazar de dimitir estuvo motivada por las acusaciones que pesan sobre él por supuestos comportamientos inapropiados hacia empleadas de su equipo, junto con la controversia de su contratación durante el mandato de Toscano.

En la querella presentada, Vox alega que Francisco Salazar fue empleado del Ayuntamiento de Dos Hermanas entre 2012 y 2017, bajo la administración de Toscano, percibiendo un salario mensual de 2.000 euros. Sin embargo, se argumenta que el exasesor no se presentó a su puesto de trabajo, ya que supuestamente estaba realizando funciones en Madrid, tanto en la sede del PSOE de la calle Ferraz como en el Palacio de La Moncloa.

La juez María del Valle Rivera, en un auto emitido el pasado 29 de julio y que ha sido consultado por Europa Press, ha decidido solicitar la intervención de la Guardia Civil para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Esto se realiza debido a la falta de pruebas en el escrito de la querella, con la intención de obtener un mejor entendimiento de los hechos antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre la viabilidad del caso.

Adicionalmente, la magistrada ha requerido a Vox una fianza de 3.000 euros para que pueda ejercer como parte acusadora en esta acción popular. También ha mandado a la Guardia Civil a recabar información del Ayuntamiento y a interrogar a los denunciados y a testigos, respetando todos los procedimientos legales necesarios. Cabe señalar que este auto no es definitivo y puede ser objeto de apelación, ya sea en conjunto o de manera individual por los acusados.

Fernando Rodríguez Galisteo, responsable de Acción Judicial de Vox en Sevilla, expresó en un comunicado su satisfacción con la decisión judicial, afirmando que permitirá investigar tanto a Salazar como a Toscano. Galisteo destacó que se verificará si Salazar realmente fue contratado recibiendo un salario, mientras aparentemente realizaba trabajos ajenos al municipio en la capital española.

Por su parte, Adrián Trashorras, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, manifestó su indignación, señalando que la ciudad no debería haber sido tratada como un feudo de los socialistas. Trashorras acusó al PSOE de presumir de ser la vanguardia del sanchismo mientras enfrentan denuncias por corrupción. Argumentó que Toscano y Salazar representan piezas esenciales dentro de un sistema que está manchando la política en España, comenzando por su localidad, y que deberán rendir cuentas ante la justicia.

Finalmente, Javier Navarro, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, afirmó que las acusaciones de comportamientos inapropiados contra Salazar se extienden a varios ámbitos, insistiendo en que los socialistas no están por encima de la ley. Navarro concluyó subrayando la necesidad de preservar el Estado de Derecho y exigir responsabilidades por lo que, en su opinión, son irregularidades claras que han afectado a la sociedad.