La Audiencia de Sevilla ha condenado a un empresario del sector de la carpintería a un año y un día de cárcel por su participación en un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta condena está relacionada con una ayuda de 25.000 euros concedida por la Junta de Andalucía a su empresa a través de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

La sentencia fue dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, que incluyen la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP andaluz y la defensa del acusado. Según el acuerdo, el inculpado ha reconocido los hechos y la petición de condena de la Fiscalía se ha reducido significativamente, pasando de cuatro años y medio de prisión a un año y un día. Además, se le impone una inhabilitación especial de tres años y un día para empleo o cargo público y la obligación de devolver los 25.000 euros a la Junta de Andalucía.

El acusado, Alfonso P.G., ha admitido los hechos y ha aceptado la pena correspondiente. Este caso se suma a otras piezas de los ERE en las que los acusados son beneficiarios de fondos ilegales. Estas situaciones se han resuelto mediante acuerdos entre las partes.

En junio pasado, por ejemplo, el empresario responsable de las sociedades Escayolas Saavedra y Yecom aceptó una condena de un año y siete meses de cárcel, así como una inhabilitación absoluta y especial durante tres años y medio. Este caso también está relacionado con una ayuda de 300.000 euros concedida de manera injusta y al margen de los procedimientos legales establecidos.

La serie de acuerdos se inauguró en noviembre de 2022 con la condena del empresario J.B.C., administrador único de la empresa Picos Yeye y Cohollero. En su caso, la condena fue de un año y seis meses de cárcel y la obligación de restituir 120.000 euros a las arcas públicas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado era consciente de que se había prescindido de manera injusta del procedimiento legalmente establecido para conceder la ayuda pública recibida.