En el contexto del caso Koldo, Javier Herrero, ex director general de Carreteras, ha destacado su desvinculación de cualquier acto irregular ante el juez de la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia, afirmó que las preguntas del exasesor Koldo García estaban motivadas por el deseo de mantener informado al entonces ministro José Luis Ábalos, en un momento en el que las elecciones municipales se encontraban a la vuelta de la esquina.

Herrero subrayó que las consultas de García sobre las adjudicaciones eran respondidas con información que ya estaba en el dominio público, según indicaron fuentes legales. Parece que el deseo del exasesor por conocer los detalles de las obras se basaba en su función de apoyo al ministro.

Aseguró que el interés en estas informaciones respondía a consideraciones estratégicas del Partido Socialista, buscando capitalizar políticamente las obras en tiempos electorales. Además, enfatizó que, a su juicio, García no tenía potestad para influir en los procesos de adjudicación.

El ex alto funcionario reveló que, previo a su nombramiento, no tenía relación con Ábalos ni con su asesor, aunque había conocido a Isabel Pardo de Vera, quien también fue interrogada como investigada. En cuanto a su papel en los contratos, Herrero precisó que su función era limitarse a la aprobación técnica antes del inicio de la licitación; la adjudicación era competencia de otros órganos.

Sobre su relación con el ex secretario de Estado, Pedro Saura, Herrero admitió que era tensa, principalmente por la obra del Puente del Centenario en Sevilla, uno de los proyectos en el centro de la investigación. En un momento dado, confesó haber dicho a Ábalos que consideraba dimitir debido a las reticencias de Saura a aprobar la emergencia de la obra, lo que derivó en una modificación del proceso.

Los investigadores, en su exhaustiva indagación, descubrieron un mensaje de WhatsApp entre Herrero y Koldo en el que el ex director general usaba la palabra "bingo", lo que relacionaron con una adjudicación por el monto de 92,4 millones de euros a un consorcio de empresas. Herrero explicó que la expresión se refería, en su opinión, a la resolución satisfactoria de un inconveniente en el marco de un ciclo electoral.

Sostuvo que, aunque había concordancia con Aquaterra tras su jubilación en virtud de su nueva actividad como consultor, no conocía a otros individuos mencionados en las investigaciones, a excepción de los hermanos Fernández, vinculados a una empresa bajo sospecha. Asimismo, se le preguntó sobre un supuesto "impuesto" que le exigían desde el PSOE, a lo que indicó que, aunque le contactaron para solicitar donaciones, no realizó ninguna contribución ni completó formulario alguno.

Tras su declaración, se llevó a cabo una sesión de medidas cautelares, donde la Fiscalía Anticorrupción solicitó la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte para Herrero y Pardo de Vera. Estas demandas fueron respaldadas por acusaciones populares del Partido Popular, y el juez Ismael Moreno decidió imponer dichas restricciones, argumentando que había motivos suficientes para considerar a ambos como responsables de delitos como pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, aunque no existía riesgo de fuga.