La Audiencia de Sevilla ha emitido una sentencia contundente en relación a un caso de corrupción que involucra a altos cargos del sindicato UGT-A, estableciendo penas significativas y medidas financieras severas para los implicados. En un fallo reciente, el tribunal ha dictado tres años de prisión y una onerosa multa de 50 millones de euros al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, quien fue hallado culpable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil junto con un delito de fraude de subvenciones. La fianza tiene su raíz en la gestión malintencionada de fondos de la Junta de Andalucía, la cual, se determinó, fueron desviados a fines ajenos a los previamente estipulados para la formación de desempleados y ocupados.

Los magistrados han determinado que Fernández Sevilla actuó de forma "consciente y fraudulenta", utilizando un total de 40.620.256,43 euros que, en teoría, debían ser destinados a la formación laboral, y redirigiéndolos hacia actividades propias del sindicato, lo que ha llevado a la justicia a adoptar medidas drásticas contra él. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una notable restricción: se le prohíbe a Fernández Sevilla solicitar subvenciones o ayudas públicas durante un lapso de cuatro años y seis meses.

Igualmente, el tribunal no se ha limitado a sancionar a Fernández Sevilla; también ha impuesto penas similares a otros altos cargos del sindicato. Entre ellos se encuentran Federico Fresneda, exvicesecretario general de administración de UGT-A; María Charpín, quien ocupaba el cargo de secretaria de gestión económica; y Enrique Goicoechea, en su momento consejero delegado de la entidad Soralpe. La responsable del departamento de Compras del sindicato, Dolores Sánchez, fue condenada como cómplice de estos delitos, recibiendo una pena de seis meses y dos días de cárcel, así como una multa de 25 millones de euros, y se le restringió igualmente su acceso a subsidios durante un año y medio.

La sentencia también contempla un aspecto crucial de responsabilidad civil, obligando a los cinco acusados a indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Junta de Andalucía por la cantidad total de 40.620.256,43 euros, reflejando la totalidad de la cantidad defraudada. Los cuatro principales condenados deberán afrontar el 99 por ciento de esta responsabilidad, mientras que la condenada por complicidad, Dolores Sánchez, se hará cargo del 1 por ciento restante, con una garantía adicional que establece un límite de 4.288.707,74 euros, respaldando a UGT-A como responsable civil subsidiaria por el monto total defraudado.