SEVILLA, 2 de abril.

Los fiscales anticorrupción en Sevilla han presentado un documento a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que se encarga de juzgar las nuevas sentencias derivadas de la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC). Esta decisión anuló las condenas de varios implicados en el escándalo de financiación irregular de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En su escrito, los fiscales advierten que, desde su perspectiva, el Constitucional no ha tomado una "interpretación alternativa" de los delitos de prevaricación y malversación, lo que lleva a la conclusión de que existen "razones jurídicas que desaconsejan" elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En el documento, fechado el pasado martes, los fiscales reaccionan a la providencia emitida el 18 de marzo por la Sección Primera de la Audiencia. Esta providencia abrió un período de diez días para que los involucrados en el proceso judicial expusieran su opinión sobre si el Tribunal Constitucional ha sobrepasado sus competencias al usar una "interpretación alternativa" de los citados delitos. Se investiga igualmente si dicha interpretación se alinea con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción y la posibilidad de desestimar estas sentencias en función de ello.

Los fiscales destacan que, en su análisis, el Tribunal Constitucional no ha realizado una "interpretación alternativa" de los delitos mencionados. Además, indican que el caso en cuestión no se ajusta al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que los actos objeto de juicio no han afectado los intereses financieros de la Unión. Por lo tanto, enfatizan la existencia de "razones jurídicas que desaconsejan" la remisión de esta cuestión al TJUE.