La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido emprender investigaciones preliminares sobre las extracciones de agua subterránea en Doñana, un espacio natural protegido en España. Estas extracciones están afectando a los diferentes hábitats, la fauna y la flora de la zona. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021, que estableció que estos pozos ilegales son responsables del deterioro medioambiental de Doñana.

En el decreto, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso, se señala que estas medidas tienen como finalidad exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, tanto públicos como privados, que estén extrayendo agua subterránea en Doñana sin la debida concesión administrativa o en volúmenes superiores a los permitidos.

El fiscal designado para este caso es Manuel Campoy, y se llevarán a cabo diferentes acciones, como la coordinación con la Guardia Civil, la solicitud de informes periciales sobre los efectos adversos de estas extracciones ilegales en el estado ecológico y químico de las masas de agua afectadas, y la evaluación de la conservación de los hábitats y especies silvestres involucradas.

Las zonas protegidas objeto de estudio son la zona protegida de Doñana (código ZEPA/LIC ES0000024), la zona protegida de Doñana Norte y Oeste (código ZEPA/LIC ES6150009) y la zona protegida de Dehesa del Estero y Montes de Moguer (código ZEC ES6150012).

La Fiscalía basa sus afirmaciones en datos científicos recopilados de diferentes directivas europeas, que indican que la sobreexplotación del acuífero de Doñana ha provocado una disminución constante del nivel del agua, lo que afecta negativamente a las áreas protegidas del espacio natural.

El fiscal jefe también recuerda que tanto la Unión Europea como las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de hacer cumplir el derecho de la UE. Además, enfatiza que el Ministerio Fiscal, como parte del gobierno, tiene la obligación de promover la acción judicial para garantizar el cumplimiento de la sentencia del TJUE.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es la institución encargada de conocer los recursos relacionados con las disposiciones generales y actos de los ministros y secretarios de Estado. Y resalta que la Administración General del Estado tiene la competencia para tramitar los procedimientos administrativos relacionados con la responsabilidad medioambiental.

Por lo tanto, se llevan a cabo estas diligencias con el objetivo de evaluar la posibilidad de exigir responsabilidad medioambiental a la Administración Pública. En esta primera etapa, se identificarán a los operadores económicos y profesionales involucrados y se solicitarán los informes técnicos necesarios.

Además, cabe mencionar que se ha aprobado un dictamen para mejorar la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, que se encuentran en el entorno de Doñana. Esta ley busca regularizar las zonas de regadío en cinco municipios cercanos a la Corona Forestal de Doñana. El dictamen fue aprobado por votos a favor del PP-A y Vox, y rechazado por representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

En paralelo, la Junta de Andalucía ha recibido la aprobación del Ministerio de Hacienda para el modelo de pago propuesto en la adquisición de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma' en La Puebla del Río (Sevilla). Esta adquisición tiene como objetivo ampliar el Parque Nacional de Doñana.