En un giro significativo en el caso de la mina de Los Frailes, la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes la fase de conclusiones del juicio que se inició en marzo. El foco de la controversia gira en torno a la denuncia interpuesta por Emerita Resources España, que alega delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de derechos de explotación de la mina a la empresa México-Minorbis, tras haber participado infructuosamente en el proceso licitador.

Durante la sesión de hoy, la fiscal del caso reiteró su solicitud de sobreseimiento para todos los acusados, confirmando su postura previamente manifestada en un escrito provisional, según indicaron fuentes relacionadas con el caso a Europa Press.

Este avance se produce tras el cierre de las comparecencias el 30 de junio, donde los acusados habían optado por presentar sus declaraciones después de las pruebas presentadas. En esa sesión, entre los tres acusados que comparecieron figuraban la exdirectora general de Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, quienes negaron cualquier intervención indebida en la evaluación de las ofertas.

La acusación, que involucra a un total de 16 individuos, ha sido cuestionada por los defendidos, quienes sostuvieron que no se recibieron instrucciones previas sobre el proceso de evaluación. También enfatizaron que el concurso fue adjudicado a la oferta más atractiva, desestimando las alegaciones de Emerita, que reclama que su propuesta era superior en términos económicos.

El caso se remonta a un concurso promovido por la Junta de Andalucía para la explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras una catástrofe en 1998. Aquí, Minorbis, parte del grupo Magtel, competía contra Emerita Resources. A pesar de su participación, Emerita no logró obtener el contrato y posteriormente llevó la denuncia ante la justicia, argumentando que las condiciones de su oferta eran mejores.

Los denunciantes sostienen que la inversión que ofrecían superaba los 640 millones de euros, muy por encima de los 304 millones de Minorbis, además de una componente de "mejoras" sociales y laborales que supuestamente se limitaba a una cantidad irrisoria en comparación con su propuesta. Sin embargo, los defensores argumentan que el análisis tenía un enfoque más amplio, considerando criterios ambientales que eran especialmente relevantes tras la tragedia de hace más de dos décadas.

Un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hizo hincapié en la existencia de discrepancias en las valoraciones técnicas, sugiriendo que ciertas baremaciones no reflejaban adecuadamente la realidad del proceso. A pesar de esto, los hermanos López Magdaleno, de Magtel, insistieron en que no recibieron ningún trato preferencial y rechazaron cualquier vínculo cercano con los funcionarios de la Junta.

En un claro intento de despejar cualquier sospecha, Mario López Magdaleno aseveró que la relación comercial de su grupo con la Junta representaba un porcentaje mínimo de su volumen de negocio total. Por su parte, un representante de la Guardia Civil que participó en la investigación no encontró evidencias de corrupción o pagos indebidos a los funcionarios andaluces, desestimando la relevancia que se ha dado a correos electrónicos entre las partes implicadas.

A pesar de las negativas de los acusados y la falta de pruebas sólidas, los representantes de Emerita, liderados por Joaquín Merino, han mantenido sus acusaciones, insistiendo en que se recibió una advertencia directa sobre la "llave" del concurso, pronunciada supuestamente por Mario López Magdaleno en una reunión clave.

Es importante recordar que la jueza a cargo del caso, Patricia Fernández Franco, había decidido archivar la denuncia en varias ocasiones debido a la falta de pruebas de delito. Sin embargo, tras apelaciones de las acusaciones, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir el caso, lo que ha conducido a este juicio actual, donde la Fiscalía se ha abstenido de formular acusaciones.