El Gobierno español ha establecido un plan claro para avanzar en la ocupación de los terrenos donde se encuentra el controvertido hotel de El Algarrobico en Carboneras, Almería. Este acuerdo representa un paso significativo en el proceso de expropiación parcial de la propiedad, que se inició en febrero y tiene como objetivo la demolición del inmueble, a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa responsable, Azata del Sol.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha declarado la aprobación definitiva de los 16.432 metros cuadrados considerados “suelo no urbanizable”, que incluyen la parte del hotel que invade el dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión es parte del proceso de expropiación forzosa que pretende liberar la ocupación indebida de estos terrenos.

Azata del Sol, identificada como la única parte interesada en este procedimiento, ahora tiene la tarea de proponer un precio para lograr un acuerdo de compra del inmueble. Se espera que la empresa presente una valoración en la que se fijen criterios de estimación adecuados.

El acuerdo alcanzado no afecta a la totalidad del hotel, que ocupa un área de 32.654 metros cuadrados, donde una parte significativa se encuentra en un espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cuya gestión recae en la Junta de Andalucía.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha descartado la posibilidad de utilizar la expropiación como método para la demolición, destacando más bien la necesidad de cancelar la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. La Junta ha solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establezca un plazo definitivo para la revisión del mencionado permiso.

Pedro Fernández también ha subrayado que las acciones tomadas hasta el momento evidencian la necesidad de expropiar la sección del hotel que invade la servidumbre marítima, para así cumplir con el plazo de cinco meses establecido desde el inicio del procedimiento en febrero.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresó confianza en que el proceso de expropiación se complete antes de que finalice el año. A pesar del recurso contencioso-administrativo presentado por Azata del Sol, el Gobierno se mantiene firme en su convicción de que tiene la autoridad para llevar a cabo este proceso, respaldado por un acuerdo que, según la Abogacía del Estado, es completamente ejecutivo.

La empresa Azata del Sol presentó objeciones al procedimiento de expropiación, argumentando que los terrenos no estaban correctamente delimitados y que los datos proporcionados no eran suficientes. Además, cuestionó la solidez legal del proceso, señalando la falta de justificaciones adecuadas para la expropiación.

En respuesta a estas alegaciones, la Abogacía del Estado produjo un nuevo informe, fundamentado en estudios técnicos, que apoya la posición del Gobierno sobre la necesidad de ocupar estos terrenos. Este análisis confirmaba que la ubicación de la propiedad, así como su extensión afectada por la Ley de Costas, es clara y protege el estratégico litoral.

Las autoridades defienden que la continuidad del hotel en su ubicación actual es incompatible tanto con la legislación vigente sobre suelos no urbanizables como con su estatus de espacio natural protegido, a pesar de que la licencia de construcción sigue sin ser anulada. El Gobierno enfatiza que el uso de este hotel es totalmente incompatible con las normas de protección de la zona, así como con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Cabo de Gata.