SEVILLA, 2 de octubre.

Desde hoy, los 21 juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer en Andalucía han empezado a gestionar una serie de nuevas competencias relacionadas con delitos sexuales que no estén vinculados a parejas o exparejas, así como casos de trata de personas con fines sexuales, matrimonios forzados y mutilación genital. Esta expansión de funciones se lleva a cabo sin la incorporación de diez jueces adicionales que se habían aprobado, lo que podría suponer un incremento del 15% en su carga de trabajo, según las estimaciones iniciales.

Según el informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante el año 2024, estos juzgados se enfrentarán a un volumen de trabajo considerable: registraron casi 59,000 casos, de los cuales lograron resolver más de 57,000. No obstante, aún tienen pendientes más de 16,000 asuntos. El TSJA ha enfatizado que muchos de estos juzgados exceden el umbral de 1,600 casos que se considera manejable anualmente, lo que subraya la urgencia de crear más unidades judiciales específicas para abordar la Violencia sobre la Mujer antes de 2025, con la entrada en vigor de la nueva legislación en este ámbito.

Las provincias como Cádiz, Algeciras, Córdoba, Granada, Marbella y Sevilla son algunas que superan con creces esta carga de trabajo recomendada. La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha puntualizado que la llegada de nuevos jueces solo se llevará a cabo tras la completa instauración de todos los tribunales de instancia, previsto para el 31 de diciembre próximo.

Fuentes de la Consejería han enfatizado la imperiosa necesidad de aumentar el número de jueces para no descuidar la atención a las víctimas de violencia de género, especialmente tras la crisis de confianza sembrada por el programa de pulseras antimaltrato. Califican la cifra de diez jueces como insuficiente y ridícula ante la demanda existente.

El equipo de José Antonio Nieto ha expresado su preocupación por la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, destacando que se pone en marcha sin un respaldo económico adecuado. Se estima que la implementación en Andalucía costará alrededor de 56 millones de euros.

La Junta también recuerda que en mayo de 2025, una comisión del TSJA determinó que serían necesarios 22 nuevos jueces para gestionar el aumento de trabajo en estos juzgados, más del doble de los que han sido aprobados por el Ministerio de Justicia. “Es contraproducente dotar de más recursos si no se incorporan más jueces, lo que generaría una congestión en los procesos judiciales, especialmente en casos de violencia sexual”, han advertido desde la Consejería.

Finalmente, se ha solicitado al Ministerio de Justicia mayor “transparencia y claridad” en cuanto a la organización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Hasta el momento se han hecho varias agrupaciones de juzgados sin tener en cuenta la opinión de la Junta. Se sugiere que el Ministerio debe estandarizar estas medidas y considerar las recomendaciones de la Consejería para su implementación a nivel regional.

Por ejemplo, se ha planteado la necesidad de revisar la agrupación judicial en Córdoba para que se ajusten a criterios territoriales más lógicos, solicitando que Lucena mantenga las competencias en la materia, dado que cuenta con una nueva sede judicial, y que Córdoba asuma las competencias de otros municipios como Montoro y Pozoblanco. “Hasta ahora no hemos recibido respuesta, por lo que asumimos que la implementación de la agrupación proseguirá en enero como estaba previsto”, concluyen.