El presidente del Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado un análisis detallado sobre si la Audiencia de Sevilla tiene la capacidad de elevar su caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, responsable de emitir nuevas decisiones tras la anulación de sentencias contra varios acusados en el conocido caso de los ERE, ha instado al TC a que aclare el propósito del oficio que les fue enviado. En este documento, la Audiencia solicita a las partes involucradas que se expresen sobre la supuesta extralimitación del TC respecto a la interpretación de delitos como la prevaricación y la malversación, así como si dicha interpretación cumple con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

En una comunicación fechada recientemente, la Audiencia ha manifestado su interés en que se aclare la razón detrás de la solicitud del TC sobre la remisión de un testimonio de una providencia emitida el 18 de marzo. Este requerimiento surge en un contexto donde el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha encargado a sus asesores jurídicos un estudio sobre la posibilidad de que la Audiencia formule preguntas preliminares al TJUE sobre este asunto.

La providencia en cuestión fue emitida en un contexto posterior a que el Tribunal Constitucional, en una decisión donde siete magistrados se mostraron a favor y cuatro en contra, aceptara parcialmente los recursos de amparo presentados por diez exdirigentes socialistas de Andalucía. Estos líderes habían sido previamente condenados por la Audiencia por delitos de prevaricación y malversación en relación a la financiación irregular de los ERE.

El TC decidió anular las sentencias condenatorias y ordenó a la Audiencia que emitiera nuevas resoluciones, teniendo en cuenta los fundamentos legales propuestos por el propio tribunal. Según la evaluación del TC, tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo habían realizado una interpretación errónea de los delitos involucrados, lo que, a su juicio, vulneraba el derecho fundamental a la legalidad establecida en la Constitución Española.

El análisis del TC argumenta que la implicación de políticos en la aprobación de presupuestos no puede considerarse como un acto administrativo susceptible de prevaricación. Además, subraya que los jueces deben respetar la ley y solo plantear cuestiones de inconstitucionalidad cuando sea absolutamente necesario.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular andaluz y la organización Manos Limpias han solicitado a la Audiencia que eleve el asunto al TJUE, argumentando que las sentencias del TC sobre las normas autonómicas podrían estar fomentando la impunidad entre los exdirigentes socialistas, contraviniendo los principios de lucha contra la corrupción.

Tanto el PP como Manos Limpias advierten que las decisiones del TC podrían llevar al archivo de varios casos pendientes contra los acusados, otorgándoles una especie de inviolabilidad y privilegio legal. Ante esta situación, la Audiencia ha reiterado que, al emitir sus nuevos fallos, es crucial que considere la posibilidad de que estas valoraciones del TC no se alineen con la legislación comunitaria.

Por ello, la Audiencia ha habilitado un plazo de diez días para que las partes interesadas presenten sus argumentos sobre la posible formulación de preguntas prejudiciales ante el TJUE, buscando así un esclarecimiento sobre varios aspectos legales que podrían afectar la percepción de la justicia en este caso.

En particular, la Audiencia está interesada en conocer si la interpretación del TC sobre las leyes presupuestarias andaluzas podría contradecir la normativa y jurisprudencia europeas, planteando preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Además, se cuestiona si dicha doctrina puede resultar incompatible con las exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción política.

En última instancia, la Sección Primera de la Audiencia plantea inquietudes sobre la posibilidad de que los tribunales ordinarios decidan no aplicar las sentencias del TC que, según ellos, podrían estar considerando como lícitas conductas que, bajo el marco legal vigente, no deberían estar exentas de responsabilidad penal.