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Sanidad 25 de Agosto de 2026 · 10:29h 2 min de lectura

La demora en el reconocimiento de discapacidad en Andalucía supera los tres años

El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia que en varias provincias de Andalucía se registran retrasos superiores a dos y hasta tres años en la tramitación del reconocimiento del grado de discapacidad. Esta situación afecta a más de 123.000 resoluciones en 2025, un incremento del 18,3% respecto al año anterior, y limita el acceso de los afectados a derechos fundamentales.

El retraso en las valoraciones y revisiones se vincula a una acumulación de causas, como la entrada en vigor de un nuevo baremo en 2022, la pandemia y la escasez de profesionales médicos. La Junta ha reconocido estos problemas y ha iniciado una serie de reformas estructurales, incluyendo la creación de nuevos puestos y la inversión en digitalización.

Estas dilaciones impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, dificultando su acceso a recursos y servicios esenciales. La falta de respuestas rápidas también genera incertidumbre y desconfianza en la administración pública.

Desde el Ejecutivo autonómico, la Secretaría General de Servicios Sociales asegura estar trabajando con seriedad para reducir los tiempos de tramitación. Sin embargo, el proceso requiere tiempo, y las medidas aún están en fase de implementación. La reforma, en marcha desde hace meses, busca modernizar y hacer más eficiente el sistema de valoración.

El contexto político en Andalucía se centra en la necesidad de abordar la gestión pública y la modernización de los servicios sociales. La presión social y las quejas de los afectados evidencian la urgencia de avanzar en estos cambios. La experiencia de otros territorios y la inversión en tecnología son claves para mejorar la situación a medio plazo.

De cara al futuro, se espera que las reformas y la mayor inversión en recursos permitan reducir los plazos y garantizar derechos a quienes más los necesitan. La mejora en la gestión del reconocimiento de discapacidad será un indicador del compromiso del Gobierno autonómico con la igualdad y la inclusión social.

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