SEVILLA, 2 de octubre. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien representa al Partido Popular, ha reiterado en una reciente comparecencia su enfático rechazo a la propuesta del Gobierno central sobre la condonación parcial de deudas de las comunidades autónomas. España califica esta iniciativa como una "falsa condonación" que favorece a aquellos que han manejado sus finanzas de manera deficiente, mientras que desincentiva a las comunidades que han manejado sus recursos con responsabilidad, como es el caso de Andalucía, que se considera perfectamente capaz de sostenerse sin asistencia externa.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, la consejera tuvo la oportunidad de debatir sobre la mencionado proyecto de ley que propone que el Estado asuma 18.791 millones de euros de la deuda andaluza. Mientras que los representantes del PSOE-A y Por Andalucía apoyan esta medida, el PP-A y Vox se mantienen firmes en su oposición a la misma.

España explicó que la condonación no implicaría una inyección de recursos frescos para Andalucía, ya que lo único que se conseguiría sería un ahorro de 140 millones de euros anuales en intereses. Sin embargo, este ahorro no podría reinvertirse en el bienestar social ni en servicios públicos fundamentales como la salud o la educación, enfatizó la consejera.

Además, lamentó que esta propuesta del Ministerio de Hacienda sea, a su juicio, un nuevo tributo al independentismo que necesita el apoyo de determinados grupos para perpetuarse en el poder. Según expresó, la deuda no sería eliminada, sino redistribuida, y "todos los españoles terminarían pagándola".

La consejera argumentó que esta es una solución adecuadamente diseñada para beneficiar a Cataluña, que enfrenta una considerable carga financiera. "Es un nuevo chantaje político a expensas del esfuerzo colectivo de los españoles", concluyó España.

Para respaldar su postura, Carolina España subrayó que Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con menor deuda por habitante, con 4.690 euros, que contrasta significativamente con los aproximadamente 11.000 euros que debe cada ciudadano en Cataluña. Además, resaltó que la deuda andaluza solo representa el 19% de su PIB, lo que se sitúa por debajo de la media nacional, sugiriendo que el verdadero problema radica en un sistema de financiación autonómica que perjudica a los andaluces.

La consejera también hizo eco de las voces de prestigiosas instituciones que han cuestionado la efectividad de la condonación, afirmando que tanto Fedea como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han expresado escepticismo sobre la justicia de esta medida.

España recordó que en 2018 el Parlamento andaluz llegó a un acuerdo sobre financiación autonómica que incluía a los dos principales partidos, y urgió la necesidad de reformar este modelo para que Andalucía no siga recibiendo menos de lo que le corresponde. Además, abogó por un fondo de nivelación transitorio que ayude a las comunidades más desfavorecidas.

En otro orden de cosas, la consejera celebró lo que considera un "hito histórico" con la reciente mejora de la calificación financiera de Andalucía por parte de la agencia Moody's, que situó a la región al mismo nivel que España. Esto permitirá a Andalucía alcanzar una plena autonomía financiera para 2026, según señaló.

Finalmente, durante el debate, miembros de distintos grupos políticos expresaron sus opiniones. La diputada del PSOE-A, Alicia Murillo, cuestionó la postura del Gobierno andaluz y criticó su negativa a aceptar la propuesta que podría reducir significativamente la deuda regional. Mientras tanto, representantes de Vox coincidieron en que no hay un problema de deuda en Andalucía, aunque criticaron el manejo de servicios públicos bajo el bipartidismo. Por su parte, la portavoz de Por Andalucía pidió a la Junta que reconsiderara su postura ante la posibilidad de recibir beneficios significativos de la condonación de la deuda.

En conclusión, el parlamentario del PP-A, Manuel Bonilla, subrayó que esta propuesta del Gobierno es, en última instancia, una forma de atender las necesidades de Cataluña, asegurando que el verdadero objetivo es garantizar votos del independentismo para mantener al actual Ejecutivo en el poder.