SEVILLA, 28 de octubre. La Junta de Andalucía ha decidido esperar al resultado de la investigación que llevarán a cabo la Fiscalía y el colegio relacionado con el caso de Sandra Peña antes de tomar una decisión sobre la posible retirada del concierto educativo. Esta resolución se enmarca en un contexto trágico, marcado por el suicidio de la joven, que supuestamente sufría acoso escolar.

En una reciente entrevista en Canal Sur Radio, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, señaló que el centro educativo involucrado no activó los protocolos de actuación necesarios, a pesar de que había señales que indicaban la urgencia de intervenir. Estos procedimientos incluyen tanto la respuesta a situaciones críticas como la prevención de conductas autolíticas, esenciales para el seguimiento de estudiantes en riesgo.

Castillo informó que se ha notificado a la Fiscalía sobre la posible responsabilidad de quienes participaron en el acoso, así como sobre la falta de actuación del colegio y de sus docentes, que podría ser considerada desde el ámbito penal. “Es importante esclarecer todas las responsabilidades involucradas en este triste acontecimiento”, dijo la consejera.

Además, se ha abierto un expediente administrativo al colegio, donde se han solicitado informes sobre las medidas tomadas en respuesta a la situación. Al tratarse de un centro privado con concierto educativo, son sus autoridades las que deben abordar cualquier falta cometida por el personal. Castillo enfatizó que el incumplimiento de las normativas por parte del centro no puede ser pasado por alto.

En cuanto a las posibles sanciones, la consejera explicó que, dependiendo de la gravedad de la falta, podrían ir desde un apercibimiento hasta sanciones económicas o incluso la pérdida del concierto educativo. “El marco legal establece claramente cuáles son las actuaciones que se deben seguir en estos casos”, destacó.

La consejera también subrayó la importancia de que los jóvenes se conviertan en agentes activos en la prevención del acoso escolar, animándoles a que hablen con sus profesores y familias si detectan situaciones de bullying en su entorno. “La solidaridad entre compañeros es fundamental”, afirmó.

En respuesta a esta problemática, el Sindicato de Estudiantes ha organizado una huelga, convocando a los alumnos de Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato a manifestarse en diversas ciudades para mostrar su apoyo a la familia de Sandra y demandar acciones más efectivas contra el acoso escolar. Uno de sus reclamos principales es la contratación de más psicólogos en los centros educativos, algo que la consejera también considera esencial para la prevención.

La consejera Castillo señaló que su departamento está trabajando en programas formativos que involucren tanto a docentes como a estudiantes, con el objetivo de fomentar valores de respeto y empatía. No obstante, también reconoció que el comportamiento de los adolescentes en el ámbito social fuera del colegio es crucial, y que los adultos deben ser modelos de conducta.

Por otro lado, Castillo destacó las herramientas tecnológicas que la Junta ha puesto al servicio de los padres, como un sistema de control del acceso a internet que se utiliza también en los centros educativos, para ayudar a mitigar riesgos en línea para los menores.

Finalmente, la consejera quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que la mayoría de los centros educativos en Andalucía son seguros y que, aunque en este caso específico no se activó el protocolo adecuado, la gran parte del sistema educativo sigue funcionando de manera eficaz en la prevención y el manejo de situaciones problemáticas.