SEVILLA, 10 de marzo.

Este miércoles, 11 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reunirá para discutir una serie de iniciativas importantes, incluyendo la toma de control sobre las acciones legales relacionadas con el trágico accidente ferroviario que ocurrió en Adamuz, Córdoba. Bajo la dirección del Gabinete Jurídico de la Junta, se busca abordar las autorizaciones pertinentes que competen a cada consejería implicada en esta delicada cuestión.

Entre los puntos destacados del orden del día, se propone la creación de un Comisionado especial destinado a apoyar a las víctimas y sus familias tras el siniestro que dejó un saldo devastador de 46 vidas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para proporcionar seguimiento y asistencia a los afectados, tal como fue revelado en una reciente consulta de Europa Press.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había anticipado el establecimiento de este comisionado en un Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz el pasado mes de febrero. Moreno enfatizó que este organismo de carácter "institucional" llevará a cabo un balance anual sobre la situación de las víctimas y se centrará en la evaluación de la infraestructura ferroviaria existente.

La nueva mesa de trabajo que se constituirá estará dedicada a varias tareas esenciales, desde la preservación de la memoria de quienes perdieron la vida, hasta el mantenimiento del apoyo a los afectados y sus familiares. También se explorarán las inversiones necesarias y las mejoras en los protocolos de seguridad, algo solicitado repetidamente por las víctimas que anhelan garantizar que una tragedia similar jamás vuelva a suceder.

Este organismo contará con la inclusión de expertos y representantes de colegios profesionales, asegurando así que se adopte un enfoque plural y diverso. Aunque el plazo inicial para su actividad se establece en dos años, los responsables podrán prorrogarlo si así lo consideran necesario.

Además de estas iniciativas, la agenda del Consejo incluye la consideración del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía para el periodo 2026-2028. También se evaluará un decreto para modificar el reglamento sobre el manejo de suelos contaminados, establecido anteriormente por el Decreto 18/2015.

El Ejecutivo andaluz se encuentra, además, en la fase de estudio de un decreto que establezca un sistema de guardias localizadas para los trabajadores de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de asegurar intervenciones rápidas en caso de accidentes laborales.

Por último, se analizarán medidas administrativas y fiscales urgentes a través de un proyecto de Decreto-ley, que incluirá la implementación de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas interiores, además de iniciativas para impulsar la actividad cinegética en Andalucía.