HUELVA, 9 de diciembre. En un reciente pronunciamiento, la Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso en la vigilancia y rectificación de los problemas que afectan al Parque Nacional de Doñana, ubicado en la provincia de Huelva, específicamente aquellos relacionados con el uso de insumos agrícolas. Este esfuerzo es respaldado por estudios recientes, como el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo informe fue presentado en julio y que sirve para guiar las decisiones a tomar en este crucial asunto.

Esta declaración del Consejo de Gobierno se produce en respuesta a una serie de preguntas formuladas por el grupo político Por Andalucía, quienes inquirieron acerca de las acciones que el gobierno autonómico ha implementado para investigar la presencia de pesticidas prohibidos en el Parque, así como los planes específicos destinados a erradicar estos compuestos del ecosistema de Doñana y evitar futuras contaminaciones.

En su respuesta, el Consejo de Gobierno aseveró que la utilización de productos agrícolas prohibidos debe ser firmemente perseguida. No obstante, también enfatiza que no sería justo generalizar sobre un sector agrícola que, en su vasta mayoría, se adhiere a las normativas vigentes y está comprometido con la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad que caracteriza a la región.

Además, el Gobierno andaluz subrayó su dilatada trayectoria en la reducción del uso de productos fitosanitarios. Un indicador de este avance es la extensión de la agricultura integrada, presente en casi la totalidad de los arrozales de la zona, así como la creciente práctica de la agricultura ecológica.

El informe del CSIC destacó que el Parque Nacional de Doñana arrastra desde hace más de diez años problemas significativos de sequía, advirtiendo que, además de la cantidad de agua, la calidad del mismo es objeto de preocupación. Las investigaciones revelaron la detección de fitosanitarios no autorizados tanto en Doñana como en las Tablas de Daimiel.

El estudio también señaló que en años recientes, la agricultura intensiva ha generado problemas en áreas protegidas, poniendo en riesgo a la fauna silvestre, con resultados que indican una presencia generalizada de fitosanitarios en Doñana, donde los niveles superan los de Tablas de Daimiel. Este análisis encontró múltiples pesticidas prohibidos por la Unión Europea desde 2009, tanto en muestras de agua como de sedimento.

Con el objetivo de abordar esta problemática, la Junta de Andalucía indicó que el estudio del CSIC "será fundamental para la orientación y mejora de dos líneas de trabajo diferenciadas": por un lado, implementar medidas de seguimiento y corrección respecto al uso legal de productos en el entorno protegido, y por otro, investigar y actuar con firmeza contra la aplicación de productos prohibidos en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.

En otro punto, la Junta resalta que la presencia de pesticidas prohibidos en los sedimentos podría atribuirse a la persistencia de estos compuestos en el medio ambiente. Sin embargo, los pesticidas encontrados en muestras de agua indicarían un uso más reciente. El estudio en cuestión analizó más de un centenar de productos, que incluyen tanto aquellos autorizados como los que fueron prohibidos en 2009, así como otros que se mantenían legales hasta 2021, año en que se llevó a cabo la investigación.

Asimismo, se manifiesta que, aunque el uso de estos productos ocurre fuera de las zonas protegidas, su repercusión es evidente en estas áreas a través del proceso de circulación del agua, complementado por el hecho de que la fauna, especialmente las aves, puede alimentarse en las cercanías de los cultivos donde se aplican estos pesticidas.

Por último, la Junta pone de relieve la significativa presencia de la agricultura ecológica y la integrada en la región de Doñana. Reitera, además, que es plenamente consciente de que todos los pesticidas, incluidos los que son legales, tienen un impacto en el medio natural. Por tal motivo, Doñana, al igual que otros parques nacionales, se convierte en un espacio propicio para la realización de estos estudios, cuyo propósito es detectar prácticas ilegales y limitar el impacto de sustancias que, aunque aprobadas, puedan ocasionar problemas en el ecosistema.