ALMERÍA, 16 de diciembre. Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien fue trágicamente asesinado en 2018 en Níjar (Almería), ha anunciado que la Audiencia Provincial de Almería ha rechazado el recurso interpuesto por Ana Julia Quezada, la condenada por el crimen. La decisión del tribunal establece que cualquier ingreso adicional que pueda recibir Quezada, además del mínimo necesario para su mantenimiento en prisión, debe ser destinado a compensar a las víctimas, en este caso, a los padres del niño.

En su declaración, Ramírez explicó que esta decisión reafirma que la defensa de Quezada no logró demostrar la necesidad de mantener fondos que superaran sus gastos básicos, que ya están cubiertos en el centro penitenciario. Esta condena se encuentra en el marco de una pena de prisión permanente revisable y la obligación de compensar a la familia de Gabriel con medio millón de euros.

La sentencia de 2019 establece que Quezada deberá abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel por el daño moral causado, además de más de 200.000 euros destinados a cubrir los costos incurridos por el Estado durante la búsqueda del menor, que duró casi dos semanas.

Asimismo, Ramírez ha señalado que la Audiencia Provincial está en proceso de investigar los bienes de Quezada que pudieran encontrarse en el extranjero, manifestando su frustración por la falta de información sobre la supuesta propiedad que ha surgido en investigaciones y documentales. “Han pasado siete años sin que se nos brinde claridad sobre este asunto”, lamentó.

Con respecto a la reciente decisión del tribunal sobre el carácter embargable de los ingresos de Quezada, Ramírez expresó su esperanza de que el establecimiento penitenciario proporcione información más detallada sobre las actividades laborales de la condenada y las finanzas relacionadas, buscando así salvaguardar los derechos de las víctimas.

Ante esta situación, Ramírez indicó que tomarán todas las acciones necesarias para corregir el deficiente pago de la responsabilidad civil que han recibido, que apenas supera los 250 euros en siete años. Concluyó manifestando su confianza en que, con este reciente avance y el análisis de las amenazas sufridas, se empiece a tomar en serio la protección de sus derechos y seguridad.