La mortalidad laboral en Andalucía alcanza su tercer pico en 12 años, con 83 fallecimientos en julio

Durante los primeros siete meses de 2026, Andalucía registró 83 fallecimientos por accidentes laborales, la cifra más alta en ese periodo en más de una década. Estos datos, publicados por el Ministerio de Trabajo, reflejan un incremento del 12,16% respecto a 2025 y sitúan a la comunidad como la de mayor mortalidad laboral en España en términos relativos, con una proporción del 19,21% del total nacional.

Este aumento en la mortalidad se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el trabajo, con más de 61.000 accidentes con baja y una tendencia a la alza. La distribución por sectores revela que los servicios y la construcción concentran la mayor parte de los incidentes fatales, siendo Sevilla la provincia con mayor número de fallecimientos hasta julio.

Las implicaciones de estos datos son alarmantes para las políticas de prevención y control laboral. La persistencia de accidentes graves y muertes en un entorno donde muchas empresas no cumplen con la evaluación obligatoria de riesgos pone en jaque la efectividad de las normativas existentes. La Administración y los sindicatos demandan mayor vigilancia y recursos para la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Salud Laboral.

Desde una perspectiva social, la tendencia sugiere que la situación podría agravarse si no se implementan medidas preventivas efectivas. La proyección apunta a un posible aumento de al menos 30 muertes adicionales para fin de año, lo que reitera la necesidad de reforzar la cultura preventiva en todos los ámbitos laborales.

En un escenario político donde la prioridad de la agenda pública aún no ha centrado esfuerzos en la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la situación evidencia la urgencia de revisar y fortalecer la normativa. La reciente demora en la declaración de enfermedades profesionales agrava aún más la problemática, obstaculizando acciones preventivas específicas.

El análisis también revela un problema estructural en la infradeclaración de patologías no traumáticas, relacionadas con infartos o ictus, que representan una tercera parte de las muertes laborales. La tendencia apunta a que sin cambios en la detección y reconocimiento, la siniestralidad invisible seguirá siendo un reto para la política de salud laboral.