SEVILLA, 10 de diciembre. En el marco del Debate sobre el estado de la comunidad que se llevará a cabo en el Pleno del Parlamento este miércoles, el grupo político Adelante Andalucía ha hecho declaraciones contundentes respecto a la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La agrupación ha afirmado que dicho debate está marcado por múltiples casos de corrupción que involucran a este organismo, así como por la posibilidad de que se haya cometido un delito de prevaricación relacionado con los contratos de emergencia que se adjudicaron durante la pandemia y la posterior crisis sanitaria, los cuales actualmente están bajo investigación por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento andaluz, Maribel Mora, presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, subrayó que esta problemática es el telón de fondo que enmarcará la revisión de la labor del actual gobierno de Juanma Moreno. Mora ha manifestado que su formación se centrará en realizar una "crítica feroz" ante lo que consideran el desmantelamiento de los servicios públicos, que representan el patrimonio andaluz, argumentando que están siendo progresivamente debilitados en favor de la gestión privada.

La parlamentaria también ha hecho hincapié en la contratación de emergencia del SAS, contada fuera de los plazos establecidos por la ley. En este contexto, mencionó la preocupante tasa de desempleo en Andalucía, que asciende al 16%. Mora se cuestionó cómo es posible que el Gobierno se sienta complacido ante un panorama laboral tan complicado, especialmente al compararlo con las tasas de empleo de algunas naciones europeas, resaltando así el aumento de la precariedad en el ámbito laboral.

En términos de sanidad, educación y dependencia, Mora calificó la gestión del gobierno como "terrible", citando el preocupante dato de que dos millones de andaluces se encuentran en listas de espera para la atención sanitaria. Aseguró que estos ciudadanos "sufren y, en algunos casos, mueren" por la ineficiencia del sistema, mientras que el incremento de 1.000 millones en el presupuesto para el área de salud se traducirá, a su juicio, en beneficios para “farmacéuticas, clínicas privadas e infraestructuras de años anteriores”.

Sobre la educación, la parlamentaria destacó que la situación es similar, con un aumento del 40% del dinero destinado a la educación concertada, lo que, según su opinión, tiene como objetivo privilegiar a la enseñanza privada. Criticó la reducción del presupuesto para comedores y el escaso financiamiento para las PTIS, además de señalar que se han destinado 40 millones más en conciertos con la educación privada en Bachillerato y Formación Profesional.

Respecto a la vivienda, Mora identificó este tema como crítico, mencionando las reducciones en el presupuesto de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con un presupuesto de solo 120 millones, lo que limita la construcción a tan solo 120 viviendas. Esta situación, calificó, abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a la intervención de fondos de inversión, una obra de la política que están llevando a cabo los partidos del Gobierno.

Finalmente, la diputada de Adelante Andalucía también hizo mención a la próxima reunión de rectores de universidades públicas andaluzas, donde se tratará la problemática de la escasez de financiamiento. Mora reprobó que los impagos y la infrafinanciación no se deban a retrasos en los pagos, sino a una aparente falta de interés en mantener y fortalecer la educación pública. Recordó la reciente aprobación de cuatro universidades privadas, alegando que no cumplían con los requisitos adecuados.

En conclusión, Mora argumentó que la estrategia del Gobierno de Andalucía se asemeja a la que sigue Isabel Díaz Ayuso en Madrid, señalando que con ello se busca debilitar la confianza en los centros educativos públicos para favorecer el establecimiento de universidades privadas. En esta línea, hizo un llamado a reafirmar la importancia de preservar el legado de los centros públicos, abogando por una enmienda de su grupo para obtener 87 millones destinados a mejorar su financiamiento, así como otros 4 millones para distintas infraestructuras educativas.