La Guardia Civil ha informado de la detención de una persona en Cartaya (Huelva) por delitos relacionados con los derechos de ciudadanos extranjeros y documentación falsa. Además, se están investigando a otras cinco personas por este mismo delito. La persona detenida supuestamente cobraba a extranjeros 300 euros por empadronarlos en domicilios donde no vivían y realizar los trámites con el Ayuntamiento.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la Operación Drompa comenzó en agosto de 2022 después de que el propietario de una vivienda presentara una denuncia al descubrir que había tres extranjeros empadronados en su domicilio sin su autorización. A partir de ahí, las investigaciones de la Benemérita sugieren que se trata de un caso habitual en la zona.

En colaboración con el departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cartaya, los agentes han estado investigando los casos de domicilios donde había varios empadronamientos sospechosos. Finalmente, se ha confirmado que se han empadronado en cinco domicilios a un cierto número de ciudadanos extranjeros sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios.

En cuatro de estos domicilios donde constan los empadronados, se ha presentado un contrato de arrendamiento falso. En el quinto, la dueña de la vivienda fue quien lo presentó directamente en el Ayuntamiento acompañada de estas personas, aportando todos ellos fotocopias de sus documentos de identidad, entre otras pruebas.

Los investigadores localizaron a cinco de las personas empadronadas y confirmaron que cada una de ellas había pagado 300 euros. Además, han detenido a la persona responsable de los trámites ilegales de empadronamiento, propietaria de una vivienda donde constaban empadronados cinco ciudadanos extranjeros y otros diez en los restantes domicilios.

La operación sigue abierta a la espera de analizar más documentación y de localizar a todos los implicados. La detenida ha sido puesta a disposición judicial junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.