En Sevilla, el 4 de septiembre, la situación en el ámbito educativo andaluz se encuentra en el punto de mira. Alejandra Durán, parlamentaria autonómica y figura clave de Podemos Andalucía, ha denunciado que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo lo que califica como un ERE encubierto. Según ella, esta situación ha resultado en la expulsión de miles de docentes y ha provocado una drástica pérdida de empleo en el sector de la educación pública.

En un comunicado emitido por su partido, Durán subrayó la alarmante cifra de más de 3.000 empleos eliminados dentro del sistema educativo andaluz. A modo de ejemplo, mencionó que la enseñanza primaria ha sufrido una reducción de 547 docentes, sumando además otros 140 puestos en educación bilingüe que han desaparecido, según lo indicado por el equipo de la representante de Podemos.

Las cifras sigues siendo preocupantes, pues añaden que la educación infantil ha visto una disminución de 384 docentes, mientras que en educación física la reducción ha sido de 326; la pedagogía terapéutica también ha sufrido una caída de 120 profesionales, detallan desde el partido.

“Como hemos advertido desde el año escolar pasado, las oposiciones para el cuerpo docente no se ajustan a las necesidades reales del sistema educativo en nuestra comunidad”, señaló Durán. Criticó la decisión de la Junta, que en lugar de garantizar la estabilidad laboral requerida por normativas europeas, ha actuado disminuyendo la tasa de interinidad, lo que ha significado la despido de docentes, algunos con más de diez años de trayectoria en el aula.

Durán también afirmó que este nuevo curso escolar comenzará con una plantilla docente reducida en todas las áreas, lo que sin duda afectará la calidad de la educación. Además, expresó su preocupación por la disminución de plazas para atender a estudiantes con necesidades especiales, insistiendo en que este hecho revela una falta de atención y una creciente discriminación hacia estos alumnos.

Ante esta problemática, la parlamentaria anunció su intención de exigir explicaciones en el Parlamento. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, deberá aclarar cómo planea manejar un inicio de curso con una notable reducción de personal docente.

Por último, Durán advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales del incumplimiento de las normativas europeas sobre temporalidad. Recordó que las sanciones impuestas por Bruselas serán financiadas con los impuestos de los ciudadanos, lo que afectará negativamente las arcas públicas. Concluyó que esta situación podría haberse evitado si se hubieran escuchado las advertencias anteriores, ya que las plazas ofertadas no han sido nuevas, sino que han correspondido a reposiciones de interinos que han ocupado esas posiciones durante años.