El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado su preocupación este miércoles ante la posibilidad de que el Gobierno central esté considerando la opción de conceder un posible "indulto" a los condenados en el caso de los ERE. Esta inquietud surge después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera anular la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda andaluza, la socialista Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación.

En sus declaraciones a los medios en Sevilla, Sanz ha enfatizado que, según lo establecido por el Tribunal Supremo, nos encontramos frente al mayor escándalo de corrupción en la historia de la democracia española y, por ende, "pase lo que pase con el Tribunal Constitucional y lo que esté por venir, este sigue siendo el mayor caso de corrupción".

"Observamos un peligroso interés por parte del PSOE de borrar el pasado de corrupción del partido en Andalucía, al igual que ha pretendido hacer al intentar eliminar de igual modo los casos de corrupción, imputaciones y condenas relacionadas con el independentismo", ha afirmado.

Tras la decisión del TC, el consejero andaluz ha sugerido que la misma podría representar una "puerta abierta a un posible indulto que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar planeando".

"Nos preguntamos si esto implica que el señor Sánchez esté realmente considerando la posibilidad de indultar a los condenados en el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática española", ha planteado Sanz, advirtiendo al PSOE de que los andaluces no olvidarán que se han desviado 700 millones de euros destinados a parados durante los gobiernos socialistas, lo que resultó en las condenas de dos expresidentes de la Junta, un vicepresidente y varios consejeros.

El consejero ha dejado claro que el PSOE no podrá borrar la mancha de corrupción en su historial de gobiernos en Andalucía.

Además, ha afirmado que el actual Gobierno andaluz del PP hará todo lo posible por recuperar los fondos robados. "Nuestra responsabilidad es defender los intereses de los andaluces y, pase lo que pase, la Junta no cederá ni un ápice en la recuperación de los fondos sustraídos a los parados", ha asegurado.

Sanz ha recordado que aún hay cerca de un centenar de casos pendientes sobre este asunto, por lo que "queda mucho trabajo por hacer en relación con esta cuestión". También ha subrayado que "en ninguno de los procesos judiciales llevados a cabo se ha cuestionado el delito de prevaricación".

"Aunque el Partido Socialista intente borrar su historial de corrupción en Andalucía, no podrá ocultar su pasado ni las graves responsabilidades que tiene en relación con el mayor escándalo de corrupción en la historia democrática española, tal como lo ha calificado el Tribunal Supremo", ha destacado.