En Sevilla, el 20 de julio, el Partido Popular de Andalucía (PP-A) se prepara para presentar una propuesta en el Parlamento regional el próximo jueves. Esta iniciativa busca exigir al Gobierno de España que respete el marco legal y las competencias de las comunidades autónomas en lo que respecta a la creación y regulación de universidades. La propuesta pretende frenar una reforma que modificaría el real decreto actual, que asegura la igualdad de condiciones entre las instituciones públicas y privadas en el ámbito universitario.

La proposición también aboga por la oposición del Parlamento a los planes del Gobierno central de instaurar una nueva regulación a través de un real decreto. Este intento, según el PP-A, podría significar una invasión de competencias autonómicas, alterando el proceso de autorización de nuevos campus y generando incertidumbre jurídica para las universidades ya existentes.

Adicionalmente, el PP-A insta al Ejecutivo nacional a que respete el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, lo que implica la necesidad de que el gobierno central financie al menos el 1% del Producto Interior Bruto destinado a la educación universitaria. La propuesta exige una mayor claridad sobre los detalles de esta financiación, incluyendo los plazos y la cantidad exacta que se transferirá a las universidades.

En otro ámbito, la iniciativa demanda que el Gobierno asuma el coste total del funcionamiento de los campus universitarios de la Universidad de Granada en Ceuta y Melilla, cuyo gasto para el presente ejercicio se estima en 25 millones de euros según la institución granadina.

Además, se solicita al Gobierno central que desarrolle un modelo de financiación adecuado para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con el objetivo de solventar el déficit económico que sufre, que asciende a más de 20 millones de euros. Esto permitiría, entre otras cosas, financiar las subidas salariales de su personal y mejorar la situación de sus centros en Andalucía.

Por otro lado, el PP-A pide el respaldo del Parlamento al acuerdo de financiación extraordinaria alcanzado entre la Junta y las universidades públicas, lo cual representa un incremento en los recursos destinados a estas instituciones académicas.

La propuesta también invita a la Junta de Andalucía a trabajar en conjunto con la comunidad universitaria y de investigación para aprobar una nueva Ley de Universidades en la región. Este nuevo marco legal tendría como objetivo proteger el sistema público universitario, mejorar los derechos del alumnado, fomentar la internacionalización y estabilizar la carrera académica, entre otros propósitos.

Finalmente, antes de este importante debate, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, comparecerá ante el Pleno del Parlamento para detallar los criterios utilizados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) en la autorización de nuevos títulos universitarios.