Propuesta de ilegalización de Desokupa de Adelante: "¿Qué harían con los vulnerables si se atreven con un presidente?"
Adelante Andalucía ha anunciado que presentará en el Congreso de los Diputados una propuesta para ilegalizar la organización Desokupa. Esta iniciativa forma parte del programa electoral de Adelante Andalucía para las elecciones generales del 23 de julio.
Pilar González, candidata al Congreso por la circunscripción de Cádiz, ha expresado su preocupación por Desokupa, preguntándose qué podrían hacerle a una persona vulnerable si se atreven a hacer eso con un presidente del Gobierno. Estas declaraciones se dieron a conocer a través de un comunicado emitido por el partido político.
Desokupa ha estado en el centro de la controversia esta semana al colocar una lona en Madrid instando a desocupar el Congreso y pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se vaya a Marruecos. Adelante Andalucía lamenta que Desokupa utilice el odio, la discriminación y la violencia contra personas vulnerables con el fin de obtener beneficios económicos.
Adelante Andalucía argumenta que, mediante una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, podrían ilegalizar las empresas de desocupación. Estas modificaciones contemplarían sanciones de seis a doce meses de multa y de uno a cuatro años de prisión para aquellos que, con ánimo de lucro y en busca de sus propios intereses, promuevan, inciten, fomenten o lleven a cabo actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas en situación de vulnerabilidad social o económica.
La formación andalucista ha dejado claro que su propuesta no pretende defender la ocupación ilegal de viviendas, pero sí demanda que se brinden todas las opciones posibles en materia de vivienda para evitar que las personas se vean obligadas a ocupar una casa y recurrir a empresas que actúan de manera ilegal y violenta.
Adelante Andalucía ha denunciado las campañas de noticias falsas que los partidos y organizaciones de extrema derecha llevan años promoviendo sobre este tema. Aseguran que estas campañas generan miedo ante un fenómeno que es muy minoritario. Además, argumentan que jueces de prestigio han explicado que las ocupaciones ilegales no ocurren en viviendas habituales o segundas viviendas, sino principalmente en viviendas que llevan años vacías y que son propiedad de bancos, fondos de inversión o entidades públicas.