SEVILLA, 14 de junio. En el marco del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, el movimiento en defensa de la memoria histórica en Sevilla ha organizado una manifestación en la Plaza Nueva a las 11:00 horas. El objetivo de esta concentración es exigir a las instituciones andaluzas que implementen políticas adecuadas para preservar la memoria de las víctimas y avanzar hacia los principios de verdad, justicia y reparación.

Los organizadores han manifestado su enérgico rechazo al debilitamiento de las políticas públicas de memoria, que están retrasando tanto las iniciativas ya en marcha como las planificadas. Asimismo, consideran que esta situación es una violación de las leyes de memoria histórica a nivel estatal y andaluz. La reducción significativa de las asignaciones presupuestarias para cuestiones relacionadas con la memoria en la Junta de Andalucía, así como la falta total de fondos en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el acuerdo entre el PP y Vox ha eliminado estas partidas, son motivo de especial preocupación.

Los activistas han señalado que la disminución en la inversión de las políticas de memoria histórica ha conincidido con la llegada del Partido Popular tanto a los gobiernos municipales como a la Junta de Andalucía. Asimismo, han recordado el acuerdo entre el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para llevar a cabo la exhumación de los restos en la fosa común del Cementerio Municipal de San Fernando, donde, según el historiador José Díaz Arriaza, podrían encontrarse los restos de hasta 7.440 personas, de las cuales 2.616 serían presuntas víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.

Los defensores de la memoria histórica han acusado al alcalde José Luis San de notoria desatención hacia las familias de las víctimas del franquismo, evidenciada por el cierre de la Oficina de Memoria Histórica y la cancelación de un programa para la recogida de ADN. Denuncian también la paralización de la exhumación de la fosa, que depende de la firma de un convenio y la lentitud en la creación del proyectado Centro de la Memoria de Ranilla, donde el gobierno local sostiene que hay ciertos "avances". A esto se suma la falta de acciones en el ámbito educativo y divulgativo relacionada con la memoria histórica.

En lo que respecta al Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, que ha asignado un millón de euros este año para exhumaciones e identificaciones de víctimas, el movimiento memorialista señala relevancia a los recortes en los recursos dedicados a las políticas de memoria democrática. También critican la prolongada demora en los informes de ADN y la ausencia de información clara sobre los resultados, así como la paralización de las declaraciones de Lugares de Memoria.

Mientras que la Junta de Andalucía ha prometido la exhumación de 298 personas en 2024 y está trabajando en analizar las muestras de ADN de 564 víctimas exhumadas, los activistas denuncian que PP y Vox adoptan una postura ideológica que minimiza la gravedad de la dictadura franquista y se opone abiertamente a la memoria histórica.

Las organizaciones que luchan por la memoria histórica reafirmaron su compromiso en exigir el derecho de las familias a conocer el paradero de los restos de sus seres queridos, así como la necesidad de justicia y reconocimiento moral para todas las víctimas del franquismo, incluyendo a aquellas cuyos derechos fueron vulnerados después de 1978. Esta lucha se extiende a todos los que han contribuido a consolidar la democracia, los derechos humanos y los valores democráticos.

El movimiento memorialista ha hecho un llamado a toda la ciudadanía, particularmente a la juventud, recordando que aunque no vivieron aquellos días de represión, en muchas familias aún persisten historias de tortura y asesinato. "Debemos honrar la memoria de quienes lucharon por nuestra libertad y continuar defendiendo esos ideales hoy en día".