El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hablado con los periodistas en Torremolinos para comentar la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las VTC. Sanz ha indicado que la Consejería de Fomento va a analizar el fallo y sus consecuencias, pero ha recordado que el decreto de la Junta de Andalucía tuvo que adaptarse a la regulación impuesta sin diálogo por el Gobierno de España.

La sentencia del TJUE ha declarado ilegal la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de transporte con conductor en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), estableciendo que supone una restricción a la libertad de establecimiento desproporcionada. En este sentido, Sanz ha explicado que estudiarán la sentencia para saber qué repercusión puede tener en la normativa autonómica, pero ha asegurado que siempre respetan las decisiones de la justicia europea.

Sanz ha explicado que existe una normativa estatal de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que establecía una ratio de 1,30 entre VTC y Taxi como consecuencia de esa ley estatal. Por ende, la aplicación obligatoria de una norma que les impuso sin diálogo el Gobierno de Sánchez se reflejó en la necesidad de adaptarse a la normativa. El consejero ha manifestado que habrá que evaluar las consecuencias de la aplicación de la sentencia, desde cuándo y con qué extensión, y considera que es precipitado evaluar aún qué decisiones van a tomar.

Sanz ha señalado que la propia iniciativa del Gobierno, al ser una normativa estatal, será fundamental para marcar a las comunidades autónomas. Asimismo, espera que esta vez, habiendo elecciones y un posible cambio de gobierno, se haga siempre con diálogo con las comunidades autónomas. "Eso sería lo oportuno”, ha apostillado.