ALMERÍA, 24 de septiembre.

Un destacado empresario del sector de gestión de residuos se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de permitir la acumulación descontrolada de desechos plásticos y orgánicos, originados en invernaderos, en el municipio de Roquetas de Mar, Almería. Esta situación, que se habría prolongado durante casi una década, afecta a cinco parcelas con un total de cerca de dos hectáreas de terreno en la zona.

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión para el acusado, de 62 años, por un presunto delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, se exige el pago de una multa que asciende a cerca de 3,6 millones de euros, cifra que refleja los daños económicos ocasionados en la conocida área de Las Palmerillas, donde se han acumulado estos residuos.

En el documento de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se destaca el alto nivel de contaminación en la región, que se habría manifestado al menos desde 2013 hasta septiembre de 2022, momento en el que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar decidió precintar las instalaciones a raíz de un expediente sancionador.

El empresario, quien contaba con un socio fallecido en 2019, administraba una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Sin embargo, las evidencias apuntan a un acopio incontrolado de basura, en su mayoría plásticos y restos de cosechas, que se encontraban en estado de descomposición.

Estas parcelas, descritas como vertederos ilegales, no solo contenían plásticos, sino también cantidades significativas de otros tipos de residuos, incluidos materiales de construcción, muebles, neumáticos y aparatos electrónicos. Todo esto, según el informe, se había acumulado sin cumplir con las normativas necesarias para evitar la contaminación del suelo y de las aguas.

Las investigaciones del Seprona han revelado el hallazgo de zanjas donde se vertían aguas residuales tanto urbanas como industriales, junto a lixiviados de residuos en descomposición. Los terrenos carecían de las condiciones adecuadas para prevenir filtraciones y contaminación.

En una inspección realizada en julio de 2021, los agentes encontraron tres parcelas en condiciones deplorables, donde se hallaron tanto restos agrícolas como objetos de desecho que alcanzaban hasta cuatro metros de altura. En particular, en la primera parcela se registró una acumulación de residuos agrícolas en un área de 4.700 metros cuadrados.

La segunda parcela también mostraba un grave deterioro, con acumulaciones de plásticos agrícolas sobre una superficie de 2.000 metros cuadrados. A su vez, se identificó un depósito de residuos de limpieza del Ayuntamiento que superaba los tres metros de altura, contribuyendo a la contaminación de un cauce público.

En la tercera parcela inspeccionada, se encontraron residuos de construcción y domésticos en contacto directo con el suelo, acumulando hasta 3,5 metros de altura en una superficie de 7.713 metros cuadrados. Además, se observaron obras que se estaban realizando en la zona, lo que complicaba aún más la situación medioambiental.

Un año después, en julio de 2022, se realizó una segunda visita a los terrenos. En esta ocasión se recogieron muestras de aguas residuales y lixiviados que fueron enviados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La pericia determinó que los líquidos podrían causar daños significativos en la calidad del suelo y del agua subterránea.

A la empresa se le ha impuesto una multa diaria de 50 euros durante tres años y la paralización de su actividad. Además, no pudo demostrar el origen y destino de los residuos que gestionaba, lo que sugiere una operación clandestina que infringe múltiples leyes ambientales en Andalucía.

Un informe pericial de la Guardia Civil estima que el daño causado al medio ambiente podría rondar los 3,6 millones de euros. En consecuencia, se solicita una multa adicional de 20 meses y la inhabilitación del empresario para dirigir cualquier entidad relacionada con la gestión de residuos durante tres años.

El juicio está programado para el 29 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, donde tanto el empresario como su empresa deberán rendir cuentas por la grave situación y los impactos causados en el entorno local.