Abren juicio contra alcalde de Lanjarón por prevaricación y tráfico de influencias.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva (Granada) ha ordenado que se abra un juicio oral contra Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón del Partido Popular, por diversos delitos como prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La denuncia ha sido presentada por el antiguo jefe de la Policía Local, quien acusa al alcalde de haber omitido conscientemente la tramitación de los expedientes sancionadores por denuncias de tráfico, lo cual ha provocado que los mismos "caducaran". La vista se realizará en un juzgado de lo penal en Granada.
Asimismo, el concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana de ese momento, Juan Manuel Jiménez Gutiérrez, también será enjuiciado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según consta en el auto de apertura de juicio oral. La fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de los dos implicados.
En enero de este año, ambos políticos fueron procesados por el juzgado de instrucción. Según se puede leer en el auto, Eric Escobedo como alcalde de Lanjarón tenía la competencia sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial, y era su deber el empezar con el procedimiento sancionador de las denuncias realizadas al respecto. Por su parte, el jefe de la Policía Local tenía la tarea de poner al tanto al alcalde de dichas denuncias y de notificar las multas a los infractores una vez que la autoridad local se las devolvía firmadas.
El juez instructor entiende que existen indicios de que Eric Escobedo "omitió" la tramitación de diversos expedientes desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017, "provocando la caducidad y archivo de los mismos" lo que supuso un perjuicio a las arcas públicas.
Por otro lado, el concejal implicado en la causa, cuando tuvo las competencias para resolver estos actos administrativos, supuestamente actuó de la misma manera. Se trataría de un total de 59 expedientes.
El alcalde de Lanjarón nombró por acuerdo del pleno, el 24 de octubre de 2021, al policía local que imponía las multas como tramitador del procedimiento sancionador. Dicha acción fue llevada a cabo teniendo conocimiento de que atentaba contra las garantías de imparcialidad y objetividad que deben presidir todo procedimiento administrativo y estaba fuera de las competencias del policía local denunciante, según recoge el auto.
La acusación particular ha pedido una pena de dos años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde. En el caso del edil de Seguridad Ciudadana ha pedido una condena de dos años de prisión y 15 de inhabilitación.