SEVILLA, 1 de octubre. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha realizado un llamado a las mujeres que participan en el programa de detección temprana del cáncer de mama. Aquellas que hayan experimentado retrasos en las pruebas diagnósticas tras el hallazgo de lesiones sospechosas deberán notificar sus casos, con el fin de poder ser incluidas en un nuevo "circuito preferente" que establecerá el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este circuito también incluirá una revisión exhaustiva del proceso de cribado para garantizar que las lesiones dudosas sean tratadas de manera automatizada.

En una reciente entrevista concedida a la cadena SER y difundida por Europa Press, la consejera ha intentado tranquilizar a la población respecto a la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama. Hernández ha subrayado que se trata de un cribado que puede salvar vidas, destacando que durante los primeros ocho meses del año se han diagnosticado 1,800 casos de cáncer de mama que, de no ser por este programa, podrían haber pasado desapercibidos.

La consejera ha expresado sus disculpas a las mujeres afectadas por la "incertidumbre y angustia" generada por las demoras y ha enfatizado que, hasta el momento, su departamento no había recibido quejas oficiales sobre este asunto. Además, ha deseado que la asociación Amama, que ha alertado sobre estos problemas, se hubiera puesto en contacto con el Gobierno. Se ha programado una reunión entre la Consejería y la asociación para abordar estas preocupaciones.

Rocío Hernández también se ha referido a la "manipulación del sistema sanitario público" en el contexto de las críticas de la oposición tras conocer los retrasos en las pruebas. Según la consejera, el sistema puede presentar debilidades, como cualquier otro, pero ha destacado la significativa inversión realizada en nuevos equipos para la realización de mamografías.

La situación de las demoras ha provocado que el Defensor del Paciente contacte con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pidiendo su intervención contra el Servicio Andaluz de Salud por "dejación de funciones". Esta entidad argumenta que la inacción del SAS pone en riesgo grave la salud de las mujeres, lo que podría derivar en el agravamiento de su situación o incluso la pérdida de sus mamas por negligencia por parte de la Junta de Andalucía.

En su solicitud a la Fiscalía, el Defensor del Paciente asegura que los programas de detección y prevención deben cumplirse de forma rigurosa y sin demoras. De lo contrario, solo generarían más sufrimiento y costos a la sanidad pública. La consejera ha podido hacer un último llamado a las mujeres que estén en esta situación para que se pongan en contacto con el SAS y así entrar en el circuito preferente tras la revisión de sus historias clínicas.