SEVILLA 8 de julio. La Junta de Andalucía ha expresado su desacuerdo con la iniciativa que presentó el Gobierno central en la reciente reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Este plan contempla la redistribución de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados que han llegado de Canarias, Ceuta y Melilla, asignando la mayor carga a Andalucía, que recibiría 677 de estos niños, dejando a comunidades como Cataluña y el País Vasco fuera de este reparto.

Tras finalizar la reunión celebrada en Madrid, donde representantes andaluces como la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, Paco Mora, defendieron la postura andaluza, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, enfatizó que la propuesta del Gobierno de España plantea un dilema entre tutelar el bienestar de los menores o salvaguardar intereses políticos personales, dejando claro que Andalucía prioriza la primera opción.

López destacó la firme voluntad de Andalucía de continuar acogiendo a más menores, aunque siempre dentro de las capacidades actuales del sistema, que ya se encuentra al borde de su capacidad. La consejera subrayó que este sistema, que se esfuerza por mantener la atención adecuada a los niños, no puede soportar una mayor presión sin comprometer su eficacia.

La consejera también criticó la forma en que el Gobierno ha manejado la situación, asegurando que han introducido a 634 menores migrantes no acompañados en Andalucía de manera poco transparente, evadiendo su responsabilidad respecto a ellos. López reiteró que la solidaridad de la comunidad es evidente, pero subrayó la necesidad de asegurarse de que se pueda proporcionar la atención adecuada a todos los menores involucrados.

“Este reparto impuesto por el Gobierno muestra claramente que su prioridad es beneficiar sus propios intereses políticos”, insistió López, señalando que mientras Andalucía se enfrenta a la carga de 677 menores, comunidades que apoyan al presidente Sánchez evitan esta dificultad. Según la consejera, esta estrategia revela una falta de sensibilidad y un enfoque en el que los menores migrantes son tratados como un mero recurso político, más que como seres humanos que requieren protección y cuidado.

Finalmente, López concluyó con una crítica aguda a la política del Gobierno en materia de protección infantil, afirmando que de forma lamentable, la administración de Pedro Sánchez ha recurrido a convertir a estos menores en cifras y herramientas de negociación política, dejando de lado su bienestar integral.