SEVILLA, 30 de marzo. El próximo martes 1 de abril, el sindicato CGT del sector ferroviario llevará a cabo una huelga en Renfe y Adif. En Andalucía, se llevarán a cabo concentraciones desde las 11:00 horas en Sevilla, en la estación de Santa Justa, y en Málaga, en la estación María Zambrano. Además, el 3 de abril está prevista una manifestación frente al Ministerio de Transportes en Madrid.

El Sector Ferroviario de CGT ha decidido continuar con sus paros de 24 horas, argumentando que el reciente acuerdo firmado por el Ministerio de Transportes, la Generalitat de Cataluña y sindicatos como SEMAF, CCOO, UGT y SCF no ofrece ninguna garantía para los trabajadores. Según el sindicato, este pacto, lejos de asegurar el futuro del sector, abre la puerta a una descomposición progresiva de las empresas ferroviarias públicas.

Los representantes del CGT han enfatizado que, a pesar de los intentos de los firmantes del llamado "pacto de la vergüenza" por presentar la situación de manera positiva, la memoria de los trabajadores no olvida cómo en el pasado las promesas de estabilidad han terminado en privatizaciones perjudiciales, fragmentación del servicio y desmantelamiento de lo público.

El sindicato ha afirmado que la autorización para una privatización encubierta, la precarización laboral y el desdén hacia el servicio público ferroviario deben ser respondidos por las plantillas afectadas y los ciudadanos en general.

Se ha denunciado que, a pesar de los intentos de quienes firmaron el acuerdo y sus aliados políticos por promover sus beneficios, la situación real es alarmante. No se trata solo de una línea de tren o de una empresa, sino del futuro del modelo ferroviario en España, el empleo público y la validez de los convenios colectivos. El acuerdo debería reflejar estas realidades y no promesas vacías a largo plazo.

El comportamiento del Ministerio, así como de Renfe y Adif, al reaccionar contra el SFF-CGT por rechazar el pacto y continuar con las huelgas ha sido calificado de "infantil". Se les ha acusado de intentar eliminar de las actas de firma a quienes no apoyan el acuerdo, además de mantener reuniones en secreto con otros sindicatos, buscando silenciar a aquellos que dan voz a las preocupaciones reales de los trabajadores y poniendo en riesgo la paz social del sector ferroviario.