El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha encendido las alarmas al solicitar un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) en el marco de una investigación que examina presuntas irregularidades en la forma en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fraccionado contratos en la provincia. Este análisis se centrará en la contratación menor que se encuentra bajo sospecha de ilicitud, con un monto total que ronda los 235,4 millones de euros, levantando serias dudas sobre la gestión pública de estos fondos.

En una providencia emitida el pasado 4 de diciembre y obtenida por Europa Press, el juez encargado del caso ha solicitado que la IGAE revise todos los contratos bajo investigación, incluidas cualquier modificación o prórroga. El objetivo es que se identifiquen y evalúen las posibles irregularidades que ya han sido marcadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que solo se había limitado a un análisis parcial de los contratos.

El magistrado también ha demandado que la IGAE realice un estudio técnico riguroso sobre cada expediente administrativo, que determine la legitimidad de los motivos que justifican el fraccionamiento de los contratos investigados, así como una evaluación exhaustiva del procedimiento administrativo que se seguido para su tramitación.

Además, se precisa un análisis de los precios de contratación en relación a la metodología adoptada para el fraccionamiento, con el fin de contrastar estos precios con lo que habría resultado si se hubiera seguido los procedimientos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo la necesaria publicidad y concurrencia en la oferta.

El juez ha enfatizado la importancia de la comparación de precios, solicitando a la IGAE que los contraste con datos de otras comunidades autónomas disponibles en los perfiles de contratantes de las Administraciones Públicas, asegurando así una perspectiva más amplia y objetiva sobre la situación.

Asimismo, se pide un examen técnico en cada expediente sobre la posible justificación de los servicios contratados y si estos se financiaron adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente. El análisis también debe abordar el proceso de autorización y aprobación del gasto público, así como la legalidad presupuestaria del órgano responsable de autorizar dichos gastos.

Por último, el juez ha requerido que se determine el daño potencial que pudiera haber sufrido el erario público debido a la falta de cumplimiento con las normas de contratación establecidas, sugiriendo que este análisis debería ser incluso aproximado para evaluar las repercusiones de una posible falta de conformidad en los procedimientos investigados. La decisión del juez está sujeta a un plazo de tres días para ser recurrida tras su notificación.

Cabe recordar que, a finales de octubre, el titular del juzgado decidió prorrogar el plazo de investigación hasta el 2 de abril de 2026, atendiendo a una solicitud de ampliación presentada por el PSOE, con la colaboración de Podemos y el Ministerio Fiscal, y la oposición del resto de las partes implicadas en el caso.