SEVILLA, 24 de diciembre. En un reciente informe, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado preocupantes diferencias en la adopción de contadores de agua con sistemas de telelectura en las principales ciudades de la región. Esta situación es evidente con apenas un 3% de implementación en Granada, mientras que Huelva alcanza un 15%, evidenciando una notable descoordinación.

Asimismo, la institución ha manifestado su inquietud ante la "alta dependencia" de las empresas suministradoras en relación a programas de subsidios, los cuales son utilizados para promover la digitalización de contadores en hogares. Esta situación contrasta con el uso ya extendido de sistemas digitales en el control de redes de abastecimiento mediante técnicas de telecontrol y sectorización.

La queja a la que responde este análisis se originó en enero de 2024, tras recibir numerosas reclamaciones sobre tarifas elevadas de agua atribuibles a consumos no detectados en el caso de fallos en las instalaciones internas. El objetivo de la intervención del Defensor fue fomentar la proactividad de las empresas para la identificación y reparación inmediata de fugas, así como la reducción de los plazos en la toma de lecturas de consumo.

Tras la evaluación realizada, el Defensor ha concluido que la implementación de tecnologías digitales para el control del consumo de agua urbana es desigualmente distribuida en Andalucía. En su análisis, destaca que algunas provincias y agrupaciones locales del servicio presentan cifras de implantación que rondan el 70%, lo que genera un contraste notable con otras localidades.

Sin embargo, el informe resalta que dentro del grupo de capitales de provincia, las cifras varían drásticamente. En lugares como Granada y Huelva, el porcentaje de contadores con telelectura es alarmantemente bajo, limitándose a un 3% y un 15% respectivamente. Además, se anticipa que estas localidades tienen previsto un desarrollo que no superará el 10% o el 30%, lo cual está muy por detrás de otras ciudades con una avanzada expansión de tecnologías digitales.

Por otra parte, se ha observado que muchas entidades presentan niveles de digitalización muy limitados, con una proporción de contadores digitales que fluctúa entre un 1% y un 35% del total. En su evaluación, el Defensor subraya también la notable dependencia de estas entidades de la financiación pública para llevar a cabo las mejoras necesarias en el control del consumo de agua en áreas urbanas.

Algunas de las entidades consultadas han manifestado que sus circunstancias económicas no les permiten invertir en contadores de telegestión, que podrían ofrecer información útil a los abonados y alertas sobre consumos excesivos. Por tanto, han solicitado la ampliación de las convocatorias de ayudas públicas para poder llevar a cabo estas actualizaciones.

El informe también se adentra en el marco de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que ha generado un debate sobre la interpretación del plazo establecido para la implementación de sistemas digitales en la gestión de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas.

El Defensor sostiene que se deben considerar las preocupaciones expresadas por las empresas suministradoras que alegan que la normativa no impone la digitalización total de su infraestructura de contadores en este momento. Estas empresas argumentan que una interpretación que exija un 100% de digitalización requeriría inversiones excesivas que influirían negativamente en las tarifas que posteriormente se cobrarían a los ciudadanos por el servicio.