SEVILLA, 8 Oct. - El Gobierno ha aprobado un incremento salarial del 0,5% para unos 620.600 empleados públicos en Andalucía. Esta medida, que se hará efectiva en la nómina de octubre, tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que esta subida salarial es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos. Según Fernández, esta medida permite ajustar los salarios de los empleados públicos al incremento de precios causado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y contrarrestar los efectos de la política de recortes del gobierno anterior.

A esta mejora salarial, Fernández ha sumado las convocatorias de empleo público abiertas en la Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar la calidad de los trabajadores, reducir la temporalidad y restituir su capacidad adquisitiva. Además, se espera que esta medida tenga un impacto indirecto en otros sectores vinculados a los servicios de ocio y consumo.

En toda España, cerca de 3,5 millones de personas que trabajan para las Administraciones Públicas se beneficiarán de esta medida. La mayoría de ellos están empleados por las Comunidades Autónomas, seguidas por las Entidades Locales y la Administración Central. En total, se destinarán 791 millones de euros para aplicar esta medida, con un aumento promedio de 180 euros en la nómina anual de los empleados públicos.

Este incremento salarial se basa en la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC) comunicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2023 y se reflejará por primera vez en la nómina de octubre, cumpliendo así lo acordado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el "Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI".

Esta subida retributiva se lleva a cabo debido a que se cumple lo establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a 2023, que permite esta posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y el dato de IPC adelantado por el INE de septiembre de 2023 superan el 6%. En este caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5% y el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que justifica el aumento del 0,5%.

Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno busca dar respuesta a la crisis económica causada por la inflación a nivel mundial y asegurarse de que los empleados públicos no vean menguada su capacidad adquisitiva. Este reconocimiento se produce en un contexto marcado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y el aumento del precio de la energía y las materias primas debido a la guerra en Ucrania.