El Gobierno defiende que la decisión de la CHG sobre La Colada responde a informes técnicos, no a políticas.
GRANADA/CÓRDOBA, 16 de abril.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, reafirmó este miércoles que la reciente decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre el aprovechamiento de aguas del embalse de La Colada no responde a motivos políticos, sino a "informes técnicos" que respaldan la concesión solicitada por la Diputación de Córdoba para abastecer a los municipios de la comarca de Los Pedroches. Sin embargo, la CHG ha desestimado la ejecución de varios proyectos complementarios, como el de la estación de bombeo y accesos, que considera redundantes.
Durante una rueda de prensa en Granada, Fernández destacó la importancia de la conexión entre el embalse de La Colada y la zona de Sierra Boyera, resaltando que esta infraestructura garantizará el suministro de agua potable a la región. Este sistema de abastecimiento es crucial dado que la calidad del agua es un aspecto fundamental para asegurar la salud de los residentes en estas áreas.
El delegado del Gobierno recordó que en 2022, ante la falta de acción por parte de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo de España tomó la iniciativa de declarar de interés general la conexión entre La Colada y Sierra Boyera. Este proyecto, que comenzó a ejecutarse gracias al Gobierno central, incluye una moderna estación de tratamiento de aguas potables para manejar adecuadamente el agua proveniente del embalse.
Fernández enfatizó que, si bien la responsabilidad del tratamiento del agua recae en la Junta de Andalucía y la Diputación, el Gobierno central está dispuesto a colaborar y garantizar que se mantenga la calidad del suministro. Subrayó además que el proyecto de infraestructura del Gobierno de España ya satisface las necesidades de abastecimiento de unos 80.000 habitantes en la Sierra Norte de Córdoba.
Por otro lado, la CHG ha argumentado que los nuevos proyectos propuestos resultarían redundantes, ya que duplican infraestructuras que ya están en funcionamiento, incluida una toma de agua flotante que ha estado operativa desde marzo de 2023. Esta duplicidad podría generar un uso ineficiente de recursos y desperdiciar inversiones públicas.
Además, se expresó preocupación por las implicaciones ambientales de la propuesta, dado que nuevas construcciones en áreas de dominio público hidráulico podrían afectar negativamente al ecosistema. La reducción en la calidad del agua también fue un punto señalado, ya que la nueva toma podría no ofrecer los mismos estándares de calidad que actualmente se logra con la infraestructura en operación.
Por otro lado, la resolución de la CHG sí permite la instalación de la acometida eléctrica en media tensión, que proveerá energía a la estación elevadora ya construida y alimentará las bombas de la toma flotante, siguiendo el plan técnico aprobado por Endesa Distribución.
En resumen, la situación parece compleja y, mientras que el Gobierno de España ha tomado medidas decisivas, la respuesta de la Junta de Andalucía será clave para determinar el futuro del suministro de agua en la región.