El juez José Manuel Rey Bellot, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, será el responsable de investigar el caso conocido como 'Mascarillas', que examina la supuesta obtención de comisiones a través de contratos irregulares en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

Según fuentes judiciales, el caso ha sido asignado a Rey Bellot, tras el pertinente reparto de responsabilidades, luego de que la Sección Segunda de la Audiencia de Almería considerara justificable la decisión de abstenerse de la juez María Belén López, titular del Juzgado de Instrucción número 1, quien alegó "amistad íntima" como razón para apartarse del asunto.

Es importante destacar que Rey Bellot previamente instruyó un caso que culminó con la condena al exvicepresidente socialista de la Diputación, Luis Pérez, quien recibió una pena de cinco años y seis meses de inhabilitación y cumple una condena de siete años y diez meses de prisión por el caso 'Facturas'. Pérez admitió haber concedido contratos de publicidad de manera verbal a medios de comunicación durante su declaración ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería.

Aunque Rey Bellot es ahora el juez encargado de la causa 'Mascarillas', el caso seguirá asignado al Juzgado de Instrucción número 1. En este contexto, la Audiencia ha ordenado a la magistrada que se ha abstenido que se aparte definitivamente del proceso y remita las actuaciones al juez encargado, además de comunicar a las partes pertinentes sobre su decisión de abstenerse.

La juez se reincorporó a su puesto después de superar una baja médica, justo cuando el juez de adscripción territorial, Eduardo Martínez Gamero, tomó decisiones clave, incluyendo el registro de la Diputación de Almería y los domicilios del expresidente Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez.

Estos registros, realizados por la Unidad Central Operativa (UCO), llevaron a la detención de ambos exdirigentes políticos, así como del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario de la Diputación, en una operación que también abarcó otros lugares y empresas vinculadas.

A pesar de que las actuaciones se suspendieron provisionalmente, debido a que la juez no podía tomar decisiones sobre el tema, continuaron las diligencias que habían sido ordenadas previamente por Martínez Gamero, incluidas varias solicitudes de información y la autorización para acceder a teléfonos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos.

La juez, quien asumió la instrucción tras un traslado de un juzgado de Barcelona que comenzó las indagaciones en 2022, ha vuelto a su puesto esta semana después de su baja médica. Fuentes jurídicas indican que tiene vínculos lejanos con el ex presidente del PP en Almería, lo que añade un matiz interesante a la trayectoria de este caso.