ALMERÍA, 18 de diciembre. En un giro sorprendente en el caso del asesinato del pequeño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, su madre, ha revelado que hay "indicadores" de que Ana Julia Quezada, la condenada por el crimen, pudo haber recibido un pago anticipado por un documental que desea realizar mientras cumple su condena de prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Ramírez durante una entrevista en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur TV, según información de Europa Press. Este pronunciamiento surge tras la decisión de la Audiencia Provincial de Almería, que ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Quezada, reafirmando así el embargo de sus bienes y cualquier ingreso que posea, destinados a cubrir la indemnización a favor de los padres de Gabriel.

La decisión judicial subraya que los bienes de la condenada y cualquier tipo de compensación que pudiera recibir son susceptibles de ser embargados, argumentando que sus necesidades básicas están cubiertas mientras esté en prisión y que cualquier excedente debería destinarse al pago de la responsabilidad civil.

En este marco, Ramírez expresó su descontento con la imagen de Quezada que a veces se difunde públicamente y desestimó las alegaciones de dificultades económicas para evitar afrontar su condena. "Si no tiene para fumar, que se fastidie, que cumpla su pena, como cualquier preso, con todas las garantías", declaró, demandando un respeto absoluto hacia los derechos de las víctimas.

Además, la madre del pequeño mencionó su preocupación sobre diversas informaciones que ha recibido a través de terceros sobre Quezada, tales como que "trabaja desde hace tres años", que "tiene acceso a teléfonos", y que "está realizando un documental sin mi consentimiento y mediante videollamadas ilegales", aspectos sobre los que, según señala, no ha recibido ninguna comunicación oficial pese a los derechos que le asisten según el Estatuto de la Víctima del Delito.

Por otro lado, Ramírez recordó que aún hay diligencias pendientes para investigar posibles bienes de Quezada fuera de España, específicamente en la República Dominicana, donde, según indicó, hay referencias a una propiedad. "Han pasado siete años para seguir la pista de esa vivienda", y a pesar de las gestiones, "nadie nos ha ofrecido información", lamentó.

La madre ha reiterado la urgencia de asegurar la efectiva ejecución de la sentencia, enfatizando que "la reparación es un derecho universal". También expresó su preocupación por los nuevos recursos legales que continúan presentándose, mientras la responsabilidad civil dictada por los tribunales sigue sin ser cumplida.

Ana Julia Quezada recibió en septiembre de 2019 una condena a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz y está obligada a indemnizar a sus padres con un total de 500.000 euros; 250.000 euros para cada uno por daños morales y otros 200.203 euros por los gastos que asumió el Estado en la búsqueda del menor.