MADRID, 19 de diciembre.

Recientemente, se ha alcanzado un acuerdo significativo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que incluyen a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este pacto no alterará los estándares actuales de seguridad y calidad alimentaria establecidos en la UE, garantizando que todos los productos comercializados en el bloque europeo se ajusten a los estrictos requisitos sanitarios, fitosanitarios y de seguridad alimentaria. Además, este acuerdo se considera una oportunidad importante para incrementar las exportaciones agroalimentarias españolas e incluirá cláusulas de salvaguardia que protegerán al sector.

El Gobierno ha subrayado que, tras más de veinte años de negociaciones, este acuerdo no modificará las normativas de seguridad alimentaria de la Unión Europea, que permanecerán "inalteradas". Por lo tanto, todos los productos que lleguen al mercado europeo deberán cumplir con los rigurosos estándares estipulados para salvaguardar la salud del consumidor y la integridad del mercado comunitario.

A pesar de las críticas recibidas de diversas organizaciones agrarias, que alertan sobre el posible impacto negativo que las importaciones de productos agrarios de estos países puedan tener en España, el Ejecutivo ha reafirmado que el acuerdo "no cambia nada" en términos de las normas de seguridad y calidad alimentaria vigentes en la UE. Este compromiso es fundamental para asegurar que no haya compromisos en la protección de los productos locales frente a las importaciones que pudieran no cumplir con las normativas europeas.

Además, el convenio facilitará una disminución de aranceles y requisitos aduaneros, lo cual mejorará el acceso a los mercados del Mercosur. Esto, a su vez, servirá para potenciar las exportaciones de productos agroalimentarios que son cruciales para la economía española, tales como el aceite de oliva, el vino y la carne de cerdo.

En cuanto a sectores considerados sensibles, como la carne de vacuno, avícola, el arroz y el azúcar, estos han manifestado su preocupación de haber sido objeto de negociación en el acuerdo. Según fuentes del Gobierno, las cuotas han sido establecidas con claridad y se reconoce que han representado "elementos difíciles" durante las negociaciones con la Unión Europea.

Las autoridades han aseverado que la liberalización de estos sectores ha sido "muy medida y controlada", sin representar un riesgo real de disrupción en el mercado. Sin embargo, han mencionado que en caso de que surjan circunstancias anómalas, se implementarán "medidas de salvaguardia" que podrían activarse para preservar la estabilidad del sector agrícola europeo.

Las cuotas que se han fijado son específicas y limitadas. Para la carne de vacuno, la cuota es de 99.000 toneladas, mientras que la carne bovina tendrá un límite similar, y la carne avícola se fijará en 180.000 toneladas. En el caso del azúcar, la cuota se ha establecido en 180.000 toneladas y la del arroz en 60.000 toneladas, todas cifras que representan entre el 1% y el 2% del consumo y producción europeos, lo que, afirman, no debería causar desequilibrios en el mercado.

En relación a la posibilidad de establecer un fondo de 1.000 millones de euros, como lo ha sugerido la Comisión Europea para compensar potenciales perturbaciones del mercado, el Gobierno ha indicado que esta propuesta se evaluará el próximo año.

Por lo tanto, durante las negociaciones se ha considerado la sensibilidad de los sectores a través de liberalizaciones controladas, con la inclusión de salvaguardias y la opción de fondos para mitigar los efectos negativos que pudieran surgir.

Además, el acuerdo contempla un refuerzo de la protección de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas, tales como el Jamón de Jabugo, el Aceite de Baena y el vino de Ribera del Duero, entre otros. Esta medida es crucial para evitar imitaciones y prácticas comerciales desleales que se pudieran originar por parte de determinados productores del Mercosur.

En total, se protegerán 59 indicaciones en España, de las cuales tres corresponden a bebidas espirituosas, mientras que 28 se dedican a vinos y otras 28 a productos alimentarios variados. Esto refuerza la idea de que el acuerdo es una "oportunidad" para los exportadores agrarios españoles, permitiéndoles competir con sus productos en los mercados del Mercosur. Así, esta alianza no solo busca robustecer las relaciones comerciales y económicas con esta región, sino también sentar las bases para una colaboración más estrecha en materia de sostenibilidad y cooperación estratégica.