MADRID, 21 de julio.

Este martes, el Tribunal Constitucional de España se dedicará a analizar la petición urgente de Juana Rivas, quien busca la suspensión de la orden que exige la entrega de su hijo al padre, Francesco Arcuri, un ciudadano italiano. Esta disposición fue emitida por la Corte de Apelaciones de Cagliari, en Italia, en el contexto de un procedimiento judicial que ha determinado que el padre mantenga la custodia del menor.

De acuerdo con fuentes del tribunal, los miembros de la Sección Segunda, encabezados por el magistrado José María Macías, se reunirán a primera hora del día para evaluar la medida cautelar solicitada por el equipo legal de Rivas.

Rivas ha recurrido al Tribunal Constitucional tras el rechazo de la Audiencia Provincial de Granada a suspender la orden de entrega emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que debía dar cumplimiento a lo dictado por las autoridades italianas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado que la entrega estaba programada entre las 10.00 y las 11.00 de la mañana de este martes en un punto de encuentro familiar, lo que ha llevado a Rivas a realizar peticiones urgentes ante varios tribunales.

Los jueces de la Audiencia de Granada, en su resolución, han recordado que en casos de familia se requiere una "ejecutividad inmediata" de las decisiones sin margen para suspensión o trámites adicionales.

En base al principio de confianza mutua que rige entre los países europeos, los magistrados han señalado que no pueden aceptar la argumentación de Rivas, quien sostiene que el regreso del menor a Italia podría poner en riesgo su protección, dado el contexto legislativo y judicial del país.

La decisión judicial, aunque hipotéticamente pueda parecer menos favorable en comparación con las normas de protección infantil españolas, debe alinearse con los imperativos del derecho de la Unión Europea, refiriéndose a la investigación por malos tratos que enfrenta Arcuri en Italia tras las denuncias de Rivas.

Los magistrados han precisado que la cuestión en debate involucra la intervención de la justicia de otro estado miembro de la UE. Además, han indicado que la solicitud de suspensión se basa en la existencia de un caso penal abierto y han concluido que no hay razones suficientes para suspender la orden relacionada con la resolución apelada.

Finalmente, han reafirmado la importancia de un funcionamiento eficiente del sistema judicial en la Unión Europea, el cual respeta las diversas tradiciones y normativas de los estados miembros. A tal efecto, han destacado que fortalecer la confianza mutua en los sistemas legales es esencial, subrayando que la decisión del tribunal italiano no implicaría una desprotección del menor involucrado.