Este miércoles, los empleados de la empresa hortofrutícola Agrupaejido se manifestaron enérgicamente en rechazo a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a casi la totalidad de su fuerza laboral, aproximadamente un 95%. Los trabajadores han expresado su creciente preocupación por la posibilidad de un "cierre patronal", dado que el cese de contratos ha provocado la detención de toda actividad productiva en sus instalaciones.

Representantes sindicales han señalado que los pocos empleados que no entran en el ERTE son aquellos que ocupan puestos administrativos, encargados de tramitar el expediente de regulación. Sin embargo, esta situación ha dejado la producción agrícola en un punto crítico, ya que la compañía se enfrenta a crecientes deudas con los agricultores, quienes también acusan la falta de pago.

Marisa Brígido, presidenta del comité de empresa, ha manifestado su desconcierto ante esta decisión, señalando que "debería haber personal trabajando para resolver la situación", pero que la realidad es que solo hay administrativo. "Estamos en una incertidumbre total", dijo, refiriéndose al estado de los empleados que han quedado "en el limbo", sin saber cuándo o si serán reactivados, y sin un horizonte claro sobre la estabilidad de la empresa.

En el trasfondo de esta crisis, se especula que el futuro de Agrupaejido podría inclinarse hacia la venta de sus activos, principalmente su planta ubicada en el Polígono La Redonda en El Ejido. Tal acción dejaría a muchos empleados sin lugar de trabajo, ya que una parte de la plantilla se encuentra en una nave alquilada en Las Marinas, en Roquetas de Mar.

Brígido ha comentado que, si se procediera con la venta y se mantuviese a la plantilla mediante algún tipo de subrogación, "por lo menos se salvarían esos puestos de trabajo". Esta declaración refleja la desesperación de los trabajadores en medio de la suspensión de contratos que afecta a los empleados fijos desde la semana pasada.

Además, los representantes laborales han subrayado la creciente preocupación por los retrasos en los pagos de nóminas que han sufrido en los últimos meses, lo que se suma a la falta de pagos a los productores agrícolas durante la campaña 2024/2025. Estos agricultores se ven afectados por una deuda considerable, que se traduce en "una gran cifra de millones" que permanece sin abonar por la entrada de mercancía todavía no pagada.

Los trabajadores también han hecho eco de la situación preexistente de la empresa, recordando que salieron de un concurso de acreedores en 2023. "Venimos de un largo proceso que empezó en 2015, y parecía que las cosas iban a mejorar, pero desde entonces, la situación ha ido empeorando", destacaron, mencionando la venta previa de su antiguo centro productivo en La Mojonera, donde se encontraba la mayoría de la planta de envasado originalmente.