SEVILLA, 7 de septiembre. En un contexto de creciente preocupación sanitaria, las asociaciones agrarias COAG, UPA y Asaja Andalucía han respondido a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, quien propuso discutir con las comunidades autónomas la transición de la vacunación del ganado contra el virus de la lengua azul de un enfoque "voluntario" a uno "obligatorio". Las organizaciones han subrayado la urgencia de que las autoridades ofrezcan "vacunas efectivas" y armonicen un diálogo "serio y coordinado" para enfrentar esta enfermedad, que Planas describió como en una "evolución preocupante", afectando a diversas explotaciones ganaderas en el país.

Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, enfatizó su petición constante de que todo el sector ganadero reciba la vacunación, considerándola el “único medio eficaz” para combatir esta afección que históricamente ha afectado a los animales. Según afirmó, la conciencia entre los ganaderos va en aumento, dado que esta enfermedad no es nueva y ha estado presente durante más de dos décadas. Sin embargo, el incremento de serotipos y la introducción de mosquitos portadores en diversas regiones de la península son motivos de preocupación, especialmente ante el cambio climático que favorece su proliferación.

Martín advirtió sobre las profundas consecuencias que la multiplicidad de serotipos de la lengua azul puede acarrear para la ganadería, afectando gravemente tanto a los animales como a la rentabilidad de las explotaciones. En su opinión, no se justifica imponer una vacuna de forma obligatoria, considerando que el ministerio ha reconocido la falta de disponibles para todos los serotipos en el momento adecuado.

Por este motivo, Asaja ha instado al ministerio a que invierta en el desarrollo de una "vacuna polivalente" que proteja contra todos los serotipos, así como a colaborar con laboratorios para asegurar un suministro adecuado. Martín también solicitó medidas de apoyo para las explotaciones que han sufrido más severamente los efectos de la enfermedad, abogando por ayuda en procesos de desinfección y recuperación productiva.

En otro orden de ideas, Paqui Iglesias, responsable de Ganadería de UPA Andalucía, ha calificado la situación actual de “caótica” y ha opinado que la propuesta del Ministerio podría significar un avance ante el empeoramiento de la enfermedad. Denunció que la decisión de mantener la vacunación de forma voluntaria ha llevado a algunos laboratorios a suspender la producción de vacunas para ciertos serotipos activos, como los tipos 3 y 8, que están impactando negativamente a la ganadería.

Iglesias también ha manifestado que, en el caso del serotipo 3, muchos ganaderos no están notando resultados positivos con la vacuna, lo que alimenta la desconfianza y permite la aparición de grupos negacionistas en el sector. Considera que la obligatoriedad de la vacunación podría poner un orden necesario en un campo que se enfrenta a desafíos significativos, especialmente dado el alto índice de mortalidad asociado a esta enfermedad viral.

Además, resaltó las dificultades económicas del sistema actual de costos para acceder a las vacunas, señalando que los ganaderos deben asumir varios gastos, incluidos 5 euros por la consulta veterinaria y el inoculamiento, más el costo de la vacuna en sí, que es de 2,50 euros.

Antonio Rodríguez, responsable de Ganadería de COAG Andalucía, reiteró la necesidad imperiosa de vacunar a los animales. Planteó que tanto el Ministerio como la Junta deben hacerse cargo y financiar las vacunas. Si se decide que la vacunación debe ser obligatoria para controlar la enfermedad, indicó que debe complementarse con un diálogo previo con el sector para reflexionar sobre las implicaciones de esta medida.

Rodríguez subrayó la importancia de mantener reuniones con las administraciones públicas para discutir los pros y los contras de la vacunación obligatoria. Se mostró abierto a cambiar de estrategia con la Consejería y el Ministerio, siempre que se garantice que los beneficios sean claros y que la carga recaiga sobre la Administración.