Greenpeace y Ecologistas presentan denuncia en el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) por su falta de sostenibilidad

Greenpeace y Ecologistas presentan denuncia en el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) por su falta de sostenibilidad

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Real Decreto que aprobó el plan hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (TOP). Ambas organizaciones consideran que este plan es insostenible y podría llevar a la cuenca al colapso hídrico, vulnerando el derecho humano al agua en algunas poblaciones. La gestión de este plan es competencia de la Junta de Andalucía.

Según las ONG, el plan hidrológico fue aprobado junto con los planes de las Cuencas Mediterráneas Internas de Andalucía y el Guadalete-Barbate. Sin embargo, afirman que las medidas aprobadas podrían llevar a la cuenca al colapso y vulnerar el derecho humano al agua de algunas poblaciones. En su recurso, explican que el inventario de recursos hídricos previsto está sobreestimado y no tiene en cuenta las reducciones de aportaciones por el cambio climático.

Las organizaciones también alertan sobre el incremento de las dotaciones para la producción agrícola industrial de regadío, en detrimento de otros usos, y señalan que el plan cuenta con recursos que no existen en la demarcación del TOP. Advierten que esto podría llevar a un colapso hídrico en la cuenca, con graves consecuencias socioeconómicas. Además, critican que el plan no contemple una disminución de la demanda de agua debido al cambio climático.

Greenpeace y Ecologistas en Acción insisten en que se debe garantizar el derecho humano al agua y un medio ambiente adecuado, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas y por la constitución española. Critican la asignación excesiva de recursos en el plan, así como las extracciones realizadas en el pasado que se han convertido en norma.

Las organizaciones también señalan que el plan hidrológico incumple el convenio de la Albufera y ejerce más presión sobre los acuíferos, que ya se someten a extracciones ilegales. Demandan una mayor atención a la depuración de aguas residuales y un programa de medidas para abordar los drenajes causados por proyectos mineros.

Por último, Greenpeace y Ecologistas en Acción critican la propuesta de continuar con las obras de la presa de Alcolea para aumentar la disponibilidad de recursos. Según ellos, los estudios científicos demuestran la mala calidad del agua en la zona, lo que hace inviable utilizarla. Además, consideran que la apertura de nuevas actividades mineras empeoraría la calidad del agua y exigen que se retire la propuesta de continuar las obras de la presa.

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