ÁVILA, 6 de mayo.

El Juzgado número 4 de la ciudad de Ávila está llevando a cabo una investigación para determinar si algunos empleados de la cárcel de Brieva, donde se encuentra Ana Julia Quezada, han mantenido relaciones sexuales con ella. Quezada cumple una condena de prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en 2019 y se sospecha que tales intercambios ilícitos podrían haberse realizado a cambio del acceso a un teléfono móvil.

De acuerdo con información publicada por El País, esta indagación se ha estado desarrollando durante casi un año y se centra en un posible delito de cohecho implicando a varios funcionarios de este centro penitenciario femenino.

Las declaraciones de un educador del centro coinciden con los testimonios de tres internas y una cuarta mujer, actual pareja de Quezada, lo que refuerza la sospecha de que la condenada mantuvo relaciones sexuales con personal de la prisión, incluyendo al cocinero. Se sugiere que pudo haber grabado estas interacciones con el teléfono que le fue proporcionado, con el fin de chantajear a la administración del penal para lograr su traslado a Barcelona.

En los informes de la directora de la prisión, Laura Pérez, se menciona que recibió información relevante sobre Quezada a través de un educador. El documento indica que la interna afirma tener un teléfono que contiene grabaciones, incluidas imágenes de vídeo en las que aparece un funcionario en su celda, lo que podría complicar aún más la situación en la que se encuentra este centro de reclusión.