La Audiencia de Sevilla avanza en el caso del brote de listeriosis que causó estragos en la comunidad andaluza, esclareciendo los detalles sobre la comparecencia de los acusados. Recientemente, la Sección Séptima del tribunal ha solicitado a las defensas de los inculpados, los principales miembros de la familia Marín, así como al arquitecto técnico y a la veterinaria municipal implicados en el proceso, que puntualicen cuándo tienen la intención de declarar: al inicio o al final de la vista.

Esta solicitud forma parte de una providencia emitida el 13 de noviembre, la cual ha sido documentada por Europa Press. El tribunal ha fijado un plazo de diez días para que las defensas aclaren si los acusados comparecerán antes de que se emitan otras pruebas durante el juicio o si lo harán al final, después de la recopilación de evidencias pertinentes.

Además, la Sección Séptima ha instado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a que respondan a la solicitud de los acusados José Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez, quienes han pedido que se anulen sus obligaciones de presentación periódica en los juzgados, conocidas como "comparecencias apud acta".

Recordemos que hace ya dos años, el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla decidió proceder al juicio oral contra seis personas, entre ellas, a José Antonio Marín Ponce, que es el administrador de facto de la empresa Magrudis, así como su esposa Encarnación Rodríguez Jiménez y sus hijos, quienes están al mando de la citada empresa, que ha sido señalada por su implicación en esta crisis sanitaria. También enfrentan cargos un arquitecto técnico y una inspectora veterinaria municipal.

En la resolución del tribunal se establece que se imponen cargos de delitos contra la salud pública, así como homicidio imprudente, lesiones, y otros delitos asociados a la negligencia que resultaron en múltiples daños. Las empresas y personas mencionadas en el auto enfrentan serias consecuencias legales, ya que se les considera responsables tanto civil como penalmente de los efectos devastadores del brote de listeriosis que afectó a la comunidad.

En cuanto a las penas, la Fiscalía ha planteado un total de once años y medio de prisión para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, mientras que su otro hijo y la esposa de Sandro José podrían enfrentar penas de diez años. Curiosamente, la Fiscalía no ha solicitado penas para la veterinaria municipal, a pesar de su implicación en el caso.

Se han detectado múltiples delitos relacionados con la salud pública, así como irregularidades graves en el funcionamiento de la empresa, que incluyen la defraudación de fluido eléctrico y falsedad de documentos oficiales. La Fiscalía ha reclamado penas que suman años significativos tras considerar que los acusados actuaron con gran desidia y negligencia.

Respecto a la responsabilidad civil, se establece que los acusados deberán indemnizar significativas sumas al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía, así como a otras entidades afectadas. AXA, la aseguradora de Magrudis, ya ha empezado a responder económicamente por los daños causados, aunque se espera que el proceso judicial continúe desgastando recursos y afectando la imagen de los involucrados en esta lamentable tragedia sanitaria.

Los daños fueron incalculables, incluyendo cuatro muertes y múltiples casos de abortos y lesiones graves. La comunidad espera con ansias que la justicia prevalezca y que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuras crisis de esta naturaleza, que han afectado su salud y bienestar de manera tan destructiva.