En Sevilla, el 7 de febrero, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha decidido enviar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la documentación requerida sobre la autorización ambiental unificada para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Este proyecto está en manos de una alianza empresarial impulsada por Grupo México y Minorbis, en el contexto de un recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra dicha autorización.

En una resolución emitida el pasado lunes 3 de febrero, la Secretaría General ordena la remisión de los expedientes administrativos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y se emplaza a los posibles interesados. Esto se debe a que el tribunal ha solicitado por segunda vez la documentación, incluso amenazando con imponer una multa en caso de no cumplir con la petición.

En una diligencia de ordenación emitida el 17 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA se refiere a un recurso presentado por Ecologistas en Acción contra una serie de actuaciones de la Junta en relación con la autorización ambiental unificada concedida a la empresa Minera Los Frailes, sociedad instrumental de Grupo México y Minorbis. Este proyecto sigue pendiente de declaración de impacto ambiental.

Entre los actos impugnados se encuentra la resolución de la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del 19 de septiembre de 2024, que rechaza la petición de los ecologistas de suspender la resolución autonómica del 11 de julio de 2024 sobre la autorización ambiental unificada para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Esta mina se cerró en 2002 después del desastre natural de 1998 por la rotura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, operado en ese momento por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

En este contexto, la diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA establece que, en relación con el recurso de los ecologistas, se reclame de nuevo el expediente administrativo a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, bajo amenaza de imponer una multa si no se hace dentro del plazo indicado.

Ante esta situación, la Consejería ha solicitado una ampliación del plazo para remitir la documentación al TSJA, argumentando la complejidad del expediente, que contiene más de 3,000 archivos que deben ser indexados adecuadamente antes de enviarlos al tribunal.

La Consejería ha reiterado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa ambiental en el marco del proyecto de reapertura de la mina Los Frailes. Se asegura que la tramitación del expediente ha sido rigurosa, garantizando la evaluación de los posibles impactos ambientales y la implementación de medidas preventivas para proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

El proyecto tiene previsto crear alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, como cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años después de los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta. Sin embargo, las organizaciones ecologistas han advertido sobre su impacto en el medio ambiente, especialmente en los recursos hídricos.

Según estas advertencias, el proyecto implicaría verter un total de 85,520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, con destino al Estuario del Guadalquivir y afectando a un entorno catalogado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.