SEVILLA, 24 de diciembre. La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo hacia la mejora del acceso a la vivienda con la publicación de su nueva Ley de Vivienda, que se implementará a partir del 24 de enero. Esta normativa tiene como objetivo primordial garantizar que los ciudadanos tengan acceso a viviendas protegidas y a precios asequibles.

El Gobierno andaluz ha desglosado los fundamentos de esta ley en cuatro ejes. Primero, se busca aumentar la oferta de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y promover la rehabilitación de viviendas. En segundo lugar, se facilitará la disponibilidad de terrenos para proyectos residenciales, acompañado de una reducción burocrática que agilizara estos procesos. Por último, la ley también se centra en reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a amenazas como la ocupación ilegal.

Esta legislación refuerza las iniciativas emprendidas desde 2019 por el Gobierno regional y está diseñada para crear un entorno propicio que estimule el desarrollo de casas protegidas tanto en el mercado de compraventa como en el alquiler.

La ley incluye la creación de áreas prioritarias, que son zonas identificadas con dificultades significativas en el acceso a la vivienda. En estas áreas, se concentrarán esfuerzos y recursos gubernamentales mediante ayudas al alquiler, asistencia para la compra y estímulos para la construcción o rehabilitación de viviendas, según ha indicado la Junta.

Además, la colaboración entre el sector público y privado será fundamental. Se establecerán diversas modalidades de cooperación como concesiones y subvenciones para unir fuerzas en la expansión del stock de vivienda asequible.

De acuerdo con la Junta, se implementará una comisión para fomentar esta colaboración público-privada, con el fin de explorar nuevas estrategias que complementen iniciativas actuales. Esto incluye mecanismos de permuta de terrenos por viviendas y la urbanización de espacios, buscando un equilibrio en la oferta de viviendas tanto en venta como en alquiler, siempre priorizando el uso residencial habitual.

La nueva norma también se enfocará en optimizar la gestión del parque de viviendas, mediante la creación de un inventario único que incluya todas las propiedades públicas, ya sean de la Junta o de los municipios.

Uno de los enfoques clave de la ley es la rehabilitación de viviendas, incluyendo el desarrollo de proyectos que transformen barrios degradados y eliminen la infravivienda, siempre respetando criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.

La ley también contempla mejoras en la calidad de la construcción, impulsando la eficiencia energética y hídrica de los edificios a través de la formación de una Comisión Técnica dedicada a promover estándares de calidad en la vivienda. Además, se establece un marco legal para salvaguardar el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la saturación de espacio habitacional, especialmente en beneficio de los grupos más vulnerables.

Se prevé la creación de una Comisión de Coordinación destinada a abordar los desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal, que facilitará orientación y asistencia sobre estas cuestiones a los ciudadanos afectados.

La nueva ley incorpora también varias medidas del Decreto-ley ya vigente, con excepción de aquellas de carácter temporal que permiten aumentar la densidad y edificabilidad en determinadas parcelas a cambio de un compromiso de protección de las mismas.

Este Decreto-ley ha recibido el respaldo de cerca de 80 municipios en Andalucía, lo que abarca a más de la mitad de la población de la región y responde a áreas con alta demanda de viviendas.

Con la aprobación de esta ley, Andalucía se posiciona como la primera comunidad autónoma en adoptar una legislación integral y renovada en el ámbito de la vivienda después de la normativa estatal, vigente desde hace dos años y medio. La intención es mitigar los efectos adversos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha contribuido al aumento de precios, la reducción de la oferta y la inestabilidad jurídica para los propietarios, así como al crecimiento de la ocupación ilegal.

Finalmente, la Ley de Vivienda de Andalucía también tiene como objetivo simplificar trámites administrativos y consolidar la normativa existente, derogando hasta cuatro leyes previas: la Ley de la Vivienda Protegida de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013 y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.