Desde Madrid, informamos que la Audiencia Nacional ha tomado la controvertida decisión de liberar a Firass Taghi, un presunto narcotraficante con vínculos a la Mocro Maffia, tras un fallo judicial que ha hecho imposible su extradición a Países Bajos. Esta medida ha sorprendido, ya que la entrega debería haberse llevado a cabo en agosto, pero errores en la gestión judicial han provocado este desenlace.

El 7 de agosto se confirmó la decisión de extraditar a Taghi, dejando un plazo de diez días para llevar a cabo dicha acción. Sin embargo, según un auto de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que ha sido citado por Europa Press, se argumenta que el juez instructor sobrepasó este plazo, lo que ha llevado a aceptar el recurso presentado por la defensa del sospechoso.

Las autoridades neerlandesas se encuentran desconcertadas por lo sucedido. La Fiscalía de Países Bajos, que había comenzado los trámites para la extradición, ha manifestado su desconocimiento sobre las razones que llevaron a la liberación del individuo, quien fue detenido el verano pasado en Cádiz cuando intentaba abandonar Europa. Un portavoz de la Fiscalía ha señalado que se está investigando esta situación, según lo informado por la agencia ANP.

Firass Taghi, de 24 años, es familiar de Ridouan Taghi, el principal acusado en el famoso 'caso Marengo', un juicio emblemático cuyo resultado derivó en severas condenas para 17 individuos implicados en delitos graves, incluyendo tráfico de drogas y homicidios.

El arresto de Firass Taghi se produjo el verano pasado en Cádiz, durante una operación internacional centrada en la introducción de cocaína a través del puerto de Amberes. La detención se llevó a cabo gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo interceptado específicamente el 21 de junio de 2025 en el control fronterizo de Tarifa, según información oficial de fuentes policiales.

A pesar de que la orden de extradición se hizo efectiva el 7 de agosto, los días subsiguientes transcurrieron sin que la entrega se concretara. El 3 de septiembre, el juez Santiago Pedraz decidió mantener la prisión de Taghi para asegurar que se cumpliera con la extradición. Sin embargo, la defensa impugnó esta decisión, argumentando tanto errores de procedimiento como la expiración del plazo legal para la entrega.

La Sala de Apelación ha respaldado la postura de la defensa, reconociendo que el juez Pedraz debió haber emitido un auto formal en lugar de una providencia. Aunque esto se considera un defecto, los magistrados creen que se ha subsanado con la resolución posterior dictada por la propia Sala.

En cuanto al segundo argumento sobre la caducidad del plazo legal, la Sala ha determinado que este error no se puede remediar, dado que la legislación establece que la entrega debe realizarse en un plazo máximo de diez días. En este caso, ha trascurrido un tiempo mayor del permitido, sin ninguna justificación que impidiera la extradición, lo que ha llevado a la Audiencia a aceptar el recurso y ordenar la liberación de Taghi.