SEVILLA, 8 de diciembre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá el próximo martes, 9 de diciembre, la firma de un importante acuerdo destinado a mejorar las condiciones laborales en el sector público andaluz. Este pacto se suscribirá con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y tiene como objetivo asegurar que los empleados públicos cuenten con servicios de calidad, en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía.

La ceremonia de firma se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Palacio de San Telmo, que es la sede oficial de la Presidencia de la Junta. Este evento marcará un hito en la administración pública andaluza, tal como se ha indicado en la convocatoria emitida a los medios de comunicación.

Este acuerdo, que fue establecido en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, se encuentra en vigor desde el pasado 3 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, ha calificado el acuerdo de "histórico", destacando que representa un "salto de calidad" en la atención a los trabajadores del sector público.

El primer paso para implementar estas mejoras fue dado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que formalizó el pacto con los sindicatos mencionados, así como con otros como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA). Nieto ha mencionado que la iniciativa beneficiará a cerca de 70.000 empleados públicos y a casi 10.000 funcionarios del ámbito de la Justicia, que aunque pertenecen a un cuerpo estatal, también recibirán estos reconocimientos.

El Gobierno de Andalucía ha informado que este acuerdo tendrá carácter retroactivo, aplicándose desde el 1 de enero de 2025 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Se estima que el impacto económico del mismo será de 250 millones de euros en un período de cinco años, lo que equivale a un desembolso de 50 millones anuales.

Entre las iniciativas más relevantes del acuerdo destaca la creación de una carrera profesional para los funcionarios autonómicos, similar a la que ya existe en el ámbito de la sanidad. Los empleados serán los responsables de solicitar la implementación de dicha carrera, la cual empezará a operar desde el 1 de enero de 2025.

La Junta de Andalucía ha resaltado la importancia de la carrera profesional y la evaluación del desempeño como herramientas que ofrecerán un marco objetivo y transparente para reconocer el mérito y la dedicación de los empleados. Este acuerdo, surgido de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General, también debe ser ratificado por el Consejo de Gobierno y servirá como base para la futura regulación de estos aspectos.

Además, el Gobierno andaluz ha anunciado que el pacto revisará profundamente el sistema retributivo, proponiendo cambios que permitan la transición del complemento específico a uno más claro y homogéneo, alineado con criterios de responsabilidad y dedicación, a la vez que busca eliminar desigualdades históricas dentro del modelo administrativo.

El compromiso del Gobierno es completar la implementación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al anterior, vigente desde 2002, ofreciendo un marco actualizado que contemple los requisitos de la Ley de Función Pública. Esta medida se enmarca en una estrategia de empleo que aspira a disminuir la temporalidad estructural, llevándola por debajo del 8% mediante una programación de ofertas de empleo público y la creación de un modelo estable para el manejo de vacantes.

El acuerdo incluye la reorganización de los recursos técnicos y sanitarios para la prevención de riesgos laborales, promoviendo la integración efectiva de dicha prevención en la Junta de Andalucía. Asimismo, contempla la formación de unidades administrativas compartidas para la ejecución de proyectos estratégicos o para abordar necesidades temporales.

La Junta ha enfatizado que este acuerdo establecerá un entorno que favorezca la motivación y la estabilidad profesional de los empleados, elementos esenciales para mejorar la atención a la ciudadanía, además de contribuir a cerrar la brecha digital entre los ciudadanos y mejorar la capacidad de la administración para apoyar a aquellos con habilidades digitales limitadas.