El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha expuesto recientemente la complicada situación administrativa que enfrenta la región en relación a la posible reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, situándose en un contexto histórico que data de enero de 2002, cuando la mina cerró tras una desastrosa catástrofe en 1998, a raíz de la ruptura de una balsa de residuos tóxicos. Este complejo minero había sido previamente gestionado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Durante una intervención en Canal Sur Radio, Paradela destacó que ya se cuenta con la autorización ambiental unificada (AAU) otorgada por la Consejería de Sostenibilidad. Este paso es crucial para avanzar hacia la reapertura, que debería someterse a un informe de impacto ambiental que resulta fundamental para la toma de decisiones en este ámbito tan delicado.

El consejero aclaró que la “tramitación tan compleja” que se está llevando a cabo incluye diversos procesos de información y audiencia pública que son imprescindibles y que deben ser cumplidos, lo que por supuesto requiere tiempo. Actualmente, se está en la fase de obtención de las autorizaciones mineras y sustantivas, que eventualmente permitirán que la Delegación Territorial de su departamento en Sevilla envíe una propuesta de resolución a la Dirección General de Minas.

Paradela explicó que, si las alegaciones presentadas en esta etapa se resuelven favorablemente, y si la Delegación Territorial emite una propuesta que sea aprobada, se daría el paso definitivo para comenzar los trabajos de preparación hacia la reapertura de la mina.

Cabe señalar que la autorización ambiental unificada había sido temporalmente suspendida tras el recurso de alzada presentado el 12 de agosto por Ecologistas en Acción. Esta organización hizo alegaciones sobre la falta de información pública y la necesidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas que involucran a todos los municipios afectados por el proyecto, así como otras preocupaciones graves relacionadas con los vertidos contaminantes.

El grupo ecologista argumentó que la administración no había respondido a sus solicitudes, lo que, según ellos, resultó en la suspensión automática de la autorización desde un mes después de su ingreso, de acuerdo con el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Consejería de Sostenibilidad, por su parte, reconoció este hecho, pero afirmó que la suspensión no equivalía a una cancelación definitiva de la autorización. Aseguró que, una vez evaluado y resuelto el recurso por parte de los servicios competentes, seguirían los procedimientos adecuados según las determinaciones de los servicios jurídicos.

El proyecto minero que se está contemplando tiene el potencial de crear aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos, lo que es un atractivo considerable en términos de desarrollo económico. Se estima que se extraerán alrededor de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, incluyendo cobre, zinc y plomo, durante un periodo mínimo de 17 años, después de un periodo inicial de reacondicionamiento.

No obstante, organizaciones ecologistas continúan lanzando advertencias sobre el impacto ambiental del proyecto, en particular en el uso y preservación de los recursos hídricos. Se estima que el proyecto podría generar un vertido total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas durante un periodo de 18 años y medio, afectando el Estuario del Guadalquivir, una zona de especial interés ecológico.

Según estas organizaciones, los metales que se podrían verter incluyen sustancias altamente tóxicas como arsénico, cadmio, y mercurio, lo cual plantea serias preocupaciones sobre los efectos en la salud pública y el medio ambiente.

Por otra parte, la empresa detrás del proyecto asegura tener planes para instalar una estación de depuración de agua de última generación, en un esfuerzo por mitigar los problemas ambientales heredados de la antigua operación minera. Sin embargo, los ecologistas han rechazado esta narrativa, argumentando que la Junta de Andalucía, a pesar de la aparente garantía de que no se realizarían vertidos tóxicos, sigue apoyando un proyecto que podría comprometer serios recursos naturales.

Adicionalmente, se ha señalado que la sociedad Minera Los Frailes, encargada de gestionar la mina, ha incumplido los acuerdos de su concesión, ya que no ha mantenido operativa la antigua depuradora necesaria para manejar las aguas de contacto, lo que ha llevado a un vertido incontrolado al río Guadiamar desde hace varios años.